El ajuste en los montos que los contribuyentes santafesinos comenzaron a abonar desde este segundo semestre en concepto de Tasa General de Inmuebles desató una verdadera avalancha de reclamos.
Críticas individuales y comunitarias, que se hicieron públicas con opiniones vertidas a través de los medios, en un caso, y en asambleas y pronunciamientos barriales, en el segundo, pusieron en evidencia el descontento que produjo la notable modificación de los montos liquidados por ese concepto.
Más allá del impacto que implica cualquier cambio tributario, luego de dos décadas en que los valores de la tasa se mantuvieron congelados, la mayor sorpresa estuvo dada en aquellos casos en que la cifra exigible por el municipio excedió ampliamente el doble de lo que se abonaba hasta los primeros meses del año.
En un contexto económico complejo, en el que los aumentos de precios son evidentes en todos los rubros y cuando se prevé incrementar la carga tributaria y de servicios en otros ámbitos, además del municipal, la suba de la Tasa aparece como una medida antipática. Sin embargo, tampoco puede desconocerse que este gravamen es una de las principales fuentes de ingresos genuinos para el municipio, y el que posibilita la prestación de servicios de jurisdicción netamente local, como barrido, limpieza e iluminación pública.
Para esta gestión, la actualización de la tasa fue concebida como un acto de sinceramiento, frente a la suba de los costos y la imposibilidad, no ya de mejorar, sino de sostener servicios esenciales. Para el cálculo de los nuevos montos se tuvieron en cuenta los datos que surgen del avalúo fiscal y la rezonificación. No obstante, en muchos casos, el resultado terminó duplicando Äy aún másÄ los valores anteriores.
Precisamente, son esos casos en los que el aumento supera el doscientos por ciento los que serán revisados. Es importante comprobar que no se hayan cometido errores en la liquidación del tributo, tal cual recomendó la propia autoridad municipal. Naturalmente, del mismo modo en que el nivel de la actualización, en términos generales, pueda ser admisible, no lo sería que se dejasen pasar equivocaciones en una materia tan sensible, máxime cuando su impacto económico es importante.
Salvada esta cuestión, e incluso considerando las situaciones individuales, a nadie escapa que el sostenimiento de todo lo que implica la gestión de una ciudad de primera categoría requiere un financiamiento acorde, y que el cambio por el que optaron los santafesinos tendrá seguramente que pagar el costo del retaceo de fondos nacionales, que antes llegaban con suficiente fluidez como para permitir la inamovilidad de los tributos locales.
Ahora, y más allá de los cruces propios del juego político Äque se traducen en recomendaciones y cuestionamientos de la oposiciónÄ, la propia ciudadanía tendrá que hacerse cargo de volver sustentable el modelo de gestión al que decidió apostar. Y, de manera simétrica, exigir la debida calidad en la prestación de los servicios y reclamar la seriedad necesaria para evitar o reconocer Äsegún correspondaÄ cualquier error, además de corregirlo si fuese necesario.