El represor Luciano Benjamín Menéndez, condenado recientemente por crímenes de lesa humanidad, fue llevado ayer desde su celda en Córdoba a la provincia de Tucumán, a la espera del juicio que enfrentará desde el próximo martes, junto al ex gobernador Antonio Bussi, por la desaparición del senador Guillermo Vargas Aignasse.
Menéndez, el ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército que fue condenado el 24 de julio último por los crímenes de cuatro miembros del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) en 1977, fue retirado de su calabozo en la cárcel de Bouwer por agentes militares que lo trasladaron hasta el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga.
Ese lugar es una dependencia militar donde funcionó el más importante centro clandestino de detención del norte argentino por el cual Äestimó la abogada de derechos humanos de Tucumán Laura FigueroaÄ habrían pasado unas mil víctimas de la represión desde que entró en funcionamiento en febrero de 1976, antes del golpe de Estado.
"Hay testimonios de que en ese lugar se lo vio incluso a Bussi", dijo la letrada a DyN. Menéndez, quien según determinó la Justicia tenía el control absoluto sobre las sedes dependientes del Tercer Cuerpo, esperará allí a que el martes próximo el Tribunal Oral en lo Criminal de Tucumán comience el juicio oral por la desaparición del senador justicialista Guillermo Vargas Aignasse, padre del actual diputado kirchnerista Gerónimo Vargas Aignasse.
Menéndez será juzgado junto a Bussi, ex titular de la Quinta Brigada de Infantería del Ejército que cumple arresto domiciliario en la residencia del country en Yerba Buena. En las últimas horas, un perito de la Corte Suprema de Justicia determinó que el anciano ex mandatario tucumano "está en condiciones de ser sometido a proceso en juicio oral" pese al cuadro mental que, para la defensa, lo hacía inimputable.
Menéndez y Bussi están acusados de ser autores mediatos de la desaparición del senador Vargas Aignasse, detenido el mismo 24 de marzo de 1976 en la cárcel de Villa Urquiza y posteriormente sometido a un "simulacro de liberación" para ser pasado a la clandestinidad y nunca más ser visto con vida.
Su hijo, diputado nacional, impulsó la ley que evita que los imputados en causas de derechos humanos puedan asumir como legisladores, tras el antecedente del caso Bussi. Desde las 9.30 del martes, el tribunal que integran los jueces Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Josefina Curi escucharán la acusación de la fiscalía, a cargo de Alfredo Terraf, y a partir del día siguiente desfilarán 27 testigos citados, entre víctimas de la dictadura, personal penitenciario y miembros de fuerzas de seguridad.
Casas precisó a DyN que entre los primeros testigos figuran el máximo responsable de Inteligencia del Ejército al momento del golpe de Estado, Luis Cattáneo, actualmente detenido, y los familiares de Vargas Aignasse, como la ex esposa del senador secuestrado, Marta Cárdenas, y uno de sus hermanos, Rodolfo Vargas Aignasse.
Bussi tendrá una defensora pública, Amalina Assaf, y Menéndez será asistido por el abogado particular Horacio Guerineau. Menéndez había pedido gozar del beneficio de arresto domiciliario en la casa que un hijo suyo tiene en Tucumán, pero la Justicia lo rechazó luego de que el tribunal cordobés lo condenó a perpetua por los crímenes de los miembros del PRT. De todos modos, como estará en una dependencia militar, la Asociación de ex presos Políticos de Tucumán ya pidió que sea enviado a una cárcel común.