Opinión: OPIN-01 Tarifas eléctricas y desarrollo social

El gobierno nacional ha decidido autorizar la actualización de tarifas del servicio de electricidad en Capital Federal y el Gran Buenos Aires. La realidad impuso así su necesidad y reveló la falacia de la pretensión populista, que a nombre de la justa distribución gastó millones para subsidiar a los usuarios más ricos del país.

Los Estados desarrollados saben que hay áreas estratégicas que no reconocen condicionamiento alguno. En una organización moderna, no hay desarrollo social sustentable sin energía que garantice la producción, sea cual fuere el modelo económico que se elija.

Desde 2001, el gobierno nacional mantuvo el congelamiento de tarifas; desde entonces a hoy el barril de petróleo pasó de 20 a 130 dólares. El resultado fue que las inversiones del sector energético fueron insuficientes y tardías, y mellaron las fortalezas fiscales del país sólo para guardar las inútiles apariencias.

En los '90, la Argentina padeció la entrega incondicional de los recursos y de su explotación, sin que se verificaran las inversiones comprometidas. Pero en el nuevo siglo, el cambio en el discurso no reflejó una gestión sustentable que permita recuperar soberanía en la planificación y eficiencia en las prestaciones.

Hoy la Argentina importa gas y combustibles líquidos cada vez más caros, porque la producción de gas y petróleo propios no alcanza; las reservas no pasan de los 10 años en ambos casos, y las demoras de hoy son la condena a una mayor pobreza y a ruinosos negocios, en la medida en que pase el tiempo.

Con el congelamiento de las tarifas, la Casa Rosada preservó el capital político de la gestión para postergar las necesidades de toda una economía. Pero la mentira ya no se puede sostener; desde hace al menos cuatro años que el interior del país paga más cara su electricidad, las industrias no tienen con qué energía crecer y las perspectivas apenas han variado.

Las estrategias de Enarsa para buscar petróleo en alta mar, con Petrobrás como socia estratégica, son acertadas y convenientes. La instalación de nuevas usinas eléctricas con inversión estatal es impostergable para prever la demanda creciente de usuarios particulares y de la producción.

Pero hace falta más transparencia en la gestión de esos emprendimientos que maneja el poderoso Ministerio de Planificación. Y sobre todo, es imprescindible el sinceramiento tarifario, que debe ser equitativo en términos sociales, pero que al mismo tiempo debe ofrecer razonabilidad en la planificación y sustentabilidad a la inversión.

El emprendimiento más importante para el área energética que hizo Néstor Kirchner durante su gestión fue un gasoducto desde Bolivia. Hoy la Argentina recibe menos gas de ese origen y la obra aún no se ha comenzado; las usinas eléctricas no tienen gas y se debe importar combustible líquido para funcionar a mayor costo.

Lo que no se hace bien lo pagan todos los argentinos y es más caro. La demagogia no es una estrategia de desarrollo, y el aumento de tarifas es esfuerzo de hoy para que el bienestar se pueda sostener en el tiempo. Incluso el bienestar social, el desarrollo equitativo, del que hoy tanto se habla en el país.