Se dice que en política las casualidades no existen. Que aquello que se presenta como azaroso es siempre el producto de una conspiración o la manipulación de determinados grupos de poder. El aforismo dictado por la experiencia histórica dispone de una cuota de verdad, siempre y cuando no se exagere demasiado y se pretenda ver en cada episodio público una maniobra artera preparada en las sombras por un poder intrigante y solapado.
El problema de las teorías conspirativas no es que sean mentirosas, sino que sólo se limitan a enunciar una verdad a medias. Su pecado más visible es la tendencia a simplificar la explicación de los procesos sociales. La tendencia recurrente, por parte de las presuntas víctimas, a atribuir cualquier episodio público a una conspiración siniestra suele ser una coartada, en más de un caso, para disimular los propios defectos.
Los acontecimientos ocurridos en Córdoba el miércoles pasado permiten reflexionar sobre esas consideraciones. Las movilizaciones y los desmanes protagonizados por los manifestantes opuestos a una supuesta reforma previsional instrumentada por el gobierno fueron, por parte de las usinas provinciales, una maniobra perpetrada desde la Casa Rosada. Para el gobernador Juan Schiaretti era más que evidente que ése era el precio que pretendían hacerle pagar los Kirchner por su solidaridad con el campo en el reciente conflicto, que se prolongó durante más de 130 días.
La explicación de Schiaretti no es del todo descabellada. El informe brindado por sus colaboradores acerca de la presencia de activistas contratados por el kirchnerismo parece verdadero. Por otra parte, a nadie se le escapa que los Kirchner manejan sus relaciones con los gobernadores atendiendo a una relación perversa de premio y castigo.
Sin embargo, los argumentos del gobernador cordobés ocultan por razones de preservación política otros datos sobre la realidad de su provincia. El endeudamiento de Córdoba es un hecho público y notorio. Schiaretti podrá decir que estas deudas provienen de la gestión de De la Sota, pero no lo dice porque mantiene con él una alianza política reforzada en estos últimos meses. Tampoco puede disimular su responsabilidad invocando las inclemencias del pasado, porque el propio Schiaretti formó parte de ese pasado como funcionario durante la gestión de De la Sota.
Por lo tanto, la violencia desatada en la provincia de Córdoba no obedece a una causa exclusiva. La responsabilidad del gobierno nacional en promoverla es algo a probar, pero lo que está fuera de discusión es que las cuentas de la provincia desde hace años son deficitarias. En todo caso, lo que ha hecho el gobierno nacional es precipitar el desenlace de una crisis que tarde o temprano iba a estallar.
Hacia el futuro inmediato los argentinos deberemos debatir temas como la coparticipación. Una de las enseñanzas que dejó este conflicto es, precisamente, que el federalismo es algo más que una cuestión folclórica o un formalismo jurídico sin ninguna consistencia política o económica. Por otro lado, es hora de que los gobernadores, el de Córdoba, en este caso, no se valgan de estas irregularidades evidentes para justificar sus errores o eludir sus culpas.