DyN / Télam
Un matrimonio se entregó en la comisaría segunda de la localidad de José C. Paz por su presunta vinculación con el cuádruple homicidio de la familia Mansilla Robago, en el partido de Campana y quedó detenido, se informó hoy oficialmente.
Se trata de los presuntos cómplices del crimen Darío Vera, alias "El Sordo", y su esposa Miryam Aquino, con quienes ascendió a cinco el número de detenidos, junto al principal imputado Ángel Fernández Rosales, de 41 años; su hijo Cristian, de 24; y el hermanastro del primero, Jesús Cáceres, de 47.
Todos ellos son investigados en la Justicia por los secuestros y homicidios de Marcelo Mansilla, 41 años; su esposa, Sandra Robago, 39 años; y los hijos del matrimonio, Milagros, de 8 y Agustín, de 11, perpetrados el jueves 24 y viernes 25 pasados, aparentemente por venganza.
La principal hipótesis de los investigadores es que el matrimonio habría denunciado a Fernández Rosales y a su hijo por un robo cometido tiempo atrás, en la casa de un vecino del barrio Los Polvorines, declaración que habría servido de base en el procesamiento del joven.
Sin embargo, luego comenzaron a tomar fuerza versiones sobre una posible venganza de origen "pasional", al señalarse que la mujer asesinada podría haber tenido un vínculo sentimental con su victimario, versión que los familiares de Sandra Robago rechazaron.
Fernández Rosales estaba condenado a 25 años de prisión por una violación seguida de muerte, pero gozaba de la libertad domiciliaria con una tobillera electrónica como sistema de control por resolución del juez de Garantías de San Martín, Nicolás Schiavo.
Esta mañana el ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Ricardo Casal, anticipó que "voy a tratar de hablar mañana con el juez (Schiavo) y le diré que tiene que tener en claro que el interés y la seguridad pública también están en juego".
Además, el ministro, que estuvo en vivo en Canal 13, reclamó a los magistrados que sólo otorguen la libertad controlada por medio de pulseras magnéticas a "embarazadas, ancianos o enfermos terminales", porque se trata de una medida de acción "humanitaria".
El juez Schiavo, según se supo, ya había excarcelado a otros condenados por violación: en 2007 liberó a un albañil acusado de violar a una menor de 13 años que asistía a una escuela de José León Suárez, a los tres días de haberlo detenido "por falta de pruebas".
Por ese caso, la ex directora de Cultura y Educación bonaerense y actual diputada Adriana Puiggrós pidió el juicio político del magistrado, que fue rechazado.
La segunda causa ocurrió el 21 de diciembre de 2007, cuando el juez puso en libertad "por falta de mérito" a un joven de 18 años acusado de asaltar y violar a cinco mujeres en la localidad bonaerense de El Palomar.
El acusado volvió a ser detenido el 4 de enero de 2008, luego de que las víctimas lo reconocieran en una rueda de presos.
En febrero de 2007 le concedió el beneficio del arresto domiciliario a Fernández Rosales, pero la tobillera electrónica le fue colocada recién el 13 de julio de 2007 porque, al parecer por "falta de cupo", no había dispositivos disponibles.
En cuanto a la trama del múltiple crimen, Marcela Fernández Rosales, hermana del principal imputado, acusó a su cuñada, Estela Maris Cáceres, de ser "la instigadora" y sostuvo que "ella tiene que estar presa, porque fue la impulsora de esto", pues "le tenía celos a Sandra" Robago.
La hermana del principal sospechoso dijo a radio Continental que "yo espero que mi hermano y mi sobrino se pudran en la cárcel", pero pidió localizar a su cuñada que, dijo, "armó todo esto por celos; es la culpable de todo esto, es muy mala y le inculcaba a mi hermano estas cosas horribles, espantosas que hizo".
Por su parte, Miriam Robago, hermana de la madre y esposa asesinada, negó rotundamente que Sandra haya tenido una relación de amante con Fernández Rosales: "Nada que ver, ellos tenían relación como todo vecino", acotó.
Señaló además, en diálogo con la prensa, que en ningún momento su hermana le confió tener miedo o sentirse perseguida, y afirmó que se acababa de enterar de que la esposa de Ángel Fernández "hizo abandono del hogar con sus hijos" y que sería buscada por la policía como presunta partícipe o instigadora del cuádruple crimen.
Relevamiento.
El ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal, dijo hoy que se inició el relevamiento de los legajos criminológicos de los 297 presos que actualmente están bajo arresto domiciliario monitoreados con una pulsera electrónica con el fin de establecer si están en condiciones de gozar de ese beneficio.
"Durante el fin de semana hicimos un relevamiento físico de los 297 casos para ver si estaban cumpliendo el arresto en las condiciones que deben cumplirlo y se constató que sí, que estaba cada uno en su domicilio cumpliéndolo", explicó el funcionario.
El ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández, consideró hoy que "la situación de las pulseras (que colocan a presos con arresto domiciliario) tiene que ser analizada y revisada", luego del caso del múltiple asesinato del matrimonio Mansilla y sus dos hijos, ocurrido en el partido bonaerense de Campana y provocado presuntamente por un hombre que tenía colocado ese dispositivo.
Fernández dijo que el arresto domiciliario con la pulsera magnética "no fue concebido para casos" como el de Angel Fernández, de 41 años, uno de los principales sospechosos por el crimen, quien gozaba de un arresto domiciliario a pesar de haber sido condenado por homicidio y violación.
En declaraciones a Radio América, el ministro afirmó que este tipo de reclusión es ""para casos leves: señores mayores, mujeres en condiciones de embarazo o con chicos, y situaciones muy particulares, pero siempre de delitos de menor cuantía, para quien no representa un peligro para la sociedad".
Por otra parte, evaluó que "el gobernador de la provincia de Buenos Aires (Daniel Scioli) ha encarado con firmeza el análisis de la actuación del magistrado que ordenó la soltura (el juez de Garantías de San Martín, Nicolás Schiavo), o por lo menos condicionada con la pulsera, del autor de estos hechos terribles y que terminaron con esta macabra situación. Es el punto más importante en este caso".
"La situación de las pulseras éstas tiene que ser analizada y revisada. Tienen que tener todas las condiciones y garantías de seguridad para que no puedan ser quitadas en primer lugar, que no puedan ser burladas", prosiguió.
Empero, evaluó que "en estos casos, bajo ningún punto de vista" se puede beneficiar al preso con el arresto domiciliario: "Yo no creo ni en la mano dura ni en la mano blanda, sino en ajustarse al derecho. Si el derecho dice que usted cometió un delito, y le marcan una pena determinada, cúmplala, punto. No demos más vueltas".