AFP-EFE-Télam
El presidente de Bolivia, Evo Morales, acusó a Estados Unidos de financiar violentas manifestaciones cívicas en su contra, o el que se produjo el miércoles en la ciudad de Trinidad (noreste), buscando incluso enfrentamientos, dijo hoy la prensa local.
Morales tenía que encabezar una actividad de cierre de campaña en la ciudad amazónica de Trinidad, pero grupos civiles se apostaron en las puertas de ingreso al aeropuerto local y amenazaron con tomarlo para evitar que el gobernante pueda desplazarse por la ciudad.
""El miércoles en la noche tenía que estar en Trinidad y esa movilización que se dio fue pagada por la embajada de los Estados Unidos, tenían bien preparado incluso para cobrar vidas", dijo el gobernante, citado por la agencia estatal de noticias ABI.
El gobierno también denunció que en esa ciudad, capital de la región del Beni y cuyo prefecto es el opositor Ernesto Suárez, hubo un intento de asesinato del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, aunque el propio gobernador dijo que la policía local le reportó que hubo un agresión con piedras al vehículo de la autoridad nacional, con destrozo de vidrios.
Un fuerte rechazo al mandatario se registra en los departamentos de Beni, Pando, Santa Cruz, Tarija y la ciudad de Sucre, opuestos a su política gubernamental con fuerte condimento estatista e indigenista e impulsan la formación de gobiernos autónomos.
En tanto, el presidente de la Corte Nacional Electoral de Bolivia (CNE), José Luis Exeni, dejó hoy inaugurada formalmente la jornada de referendo revocatorio y llamó a los bolivianos a "asistir a las urnas".
Exeni, quien presidió el acto inaugural en los jardines del edificio de la CNE ante el vicepresidente de la Nación, Alvaro García Linera, y los observadores internacionales, aseguró que "los bolivianos reafirmamos hoy nuestra profunda vocación democrática".
"Todo está listo, queda que los bolivianos y bolivianas asistan a las urnas", señaló Exeni, y agregó: "Que nadie limite nuestro derecho político, de nosotros depende que este referendo sea una fiesta de la democracia".
El titular de la CNE, quien habló luego del acto de izamiento de bandera y se escucharan las estrofas del himno nacional boliviano, destacó que "por primera vez la ciudadanía podrá decidir con su voto sobre la continuidad o no del presidente y los prefectos".
Mientras tanto, con relativa tranquilidad se preparaban los distintos departamentos para la votación, aunque se mantiene la tensión por quienes continúan con la huelga de hambre contra el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
Los prefectos opositores mantienen su rechazo a la decisión y la manera en que se realiza la consulta, y señalan que las reglas no quedaron claras y no son iguales para todos.
El prefecto de Beni, Ernesto Suárez, criticó la falta de claridad ante la implementación o no de la normativa dictada por la CNE modificando los porcentajes necesarios para revocar a los prefectos.
"No sabemos cuál de las dos interpretaciones se va a aplicar y el gobierno no dice nada porque, como siempre, espera para decidir cuál es la que más le conviene", denunció Suárez.
Por su parte, el prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, uno de los huelguistas, confirmó que después de votar "vamos a volver a la huelga para recuperar el IDH".
Fernández opinó que va a haber una buena asistencia de la gente a votar, y que la abstención estará en los valores históricos.
"Los resultados no siempre van a reflejar lo que piensa el pueblo porque hay mucha presión de parte del gobierno para el voto por el Sí", afirmó.
Otro de los prefectos que se aprestaba a votar en las primeras horas de la mañana es José Luis Paredes, quien aseguró que después del referendo "seguiré trabajando".
Paredes, uno de los prefectos que podría ser revocado según los sondeos, se definió como prenda de unidad para lograr la paz en el país.
"Tengo que estar más activo en busca de la unidad de Bolivia, ése es el sentimiento de todos los bolivianos", declaró.
Mientras tanto, minutos después de abiertas las mesas se esperaba la presencia del presidente Evo Morales en el trópico de Cochabamba, en Villa 14 de Septiembre, desde donde, según se informó a la prensa, se dirigirá a Cochabamba donde esperará el cierre de la jornada electoral, y por la noche volvería a La Paz para dirigir un mensaje al país cuando se conozcan los primeros resultados.
Miles de ciudadanos bolivianos que residen en Argentina participaban hoy del referendo que se lleva a cabo en su país a través de una votación simbólica organizada en Buenos Aires y en protesta contra la ley boliviana que prohibe el sufragio en el exterior.
""Esto no es en apoyo del presidente Morales ni de los prefectos, es nada más para que reflexionen y otorguen el voto a los bolivianos que viven en el extranjero", dijo Juan Jiménez, un boliviano que preside una de las mesas de votación en Parque Avellaneda, en el oeste de la capital argentina.
Organizada por el Comité de Defensa del Proceso de Cambio y la Soberanía Popular Originaria en Bolivia, la iniciativa tiene ""un doble significado, primero el voto en sí mismo, que no tiene validez, segundo el reclamo", explicó.
Un centenar de mesas de votación funcionaban hoy en los barrios de la capital argentina donde se concentra el mayor número de residentes bolivianos, como el Bajo Flores, Pompeya y Parque Avellaneda.
Las mesas de votación cuentan con autoridades, fiscales y veedores, y los organizadores esperaban que asistan a la convocatoria gran parte de los 800 mil bolivianos que residen en la capital argentina y su periferia, sobre un total de 2 millones en todo el país.
El gobierno argentino otorgó dos días de asueto, el viernes pasado y mañana, a los ciudadanos bolivianos que trabajan en la administración pública para facilitarles su participación en la votación.
El gobierno boliviano dejó hoy sin vigencia el actual sistema de pensiones y eliminó de su gestión a las administradoras privadas, para firmar un acuerdo en el que se compromete a concertar la nueva ley con la Central Obrera Boliviana (COB), que venía protestando por el tema.
El acuerdo con la central sindical pone fin a movilizaciones y bloqueos de caminos a raíz de los cuales murieron dos mineros y 58 resultaron heridos en Oruro, el martes último, al ser reprimidos por la Policía.
Un principio de acuerdo había sido alcanzado en la madrugada del viernes, lo que había aliviado una parte de las tensiones en el país, mediante la conformación de una comisión que integrarán las partes, con poder de decisión y que iniciará sus tareas el lunes, informó la agencia Ansa.
Al mismo tiempo, La Paz dispuso "la definitiva eliminación" de las dos administradoras privadas de fondos de pensiones que administraban los aportes de los trabajadores desde 1997, momento desde el que recaudaron 3.300 millones de dólares.
Pedro Montes, secretario ejecutivo de la COB, lamentó que para llegar al acuerdo "haya tenido que producirse la muerte de dos compañeros", referencia a los hechos de Oruro.
Respecto de la nueva ley de pensiones, explicó que el gobierno y COB formaron la comisión de alto nivel para concertar "la forma de financiamiento de la renta de vejez y el carácter del ente gestor", en un plazo de 45 días.
Esa comisión debe "recuperar los planteamientos" de la COB y del gobierno para un nuevo régimen de pensiones que garantice a los trabajadores "su derecho a tener una jubilación digna".
Según el ministro de Hacienda, Luis Arce, el objetivo de las partes es diseñar un sistema que genere beneficios para todos los trabajadores, "sólido y sostenible en el tiempo".
El proyecto de la COB plantea el retorno al sistema solidario de reparto vigente hasta hace once años, eliminar el sistema de "capitalización" individual, encargar la administración del nuevo sistema a un organismo fiscal y bajar en diez años la edad de jubilación para hombres y mujeres.