Como viene ocurriendo desde hace un largo tiempo, salarios y empleo, con algunas cuestiones más, como la inseguridad, se mantienen al tope de la lista de temas que preocupan profundamente a la sociedad argentina. Y los números que van renovándose al respecto no permiten precisamente desatar manifestaciones de euforia.
Sucede que los sueldos siguen carcomidos por la inflación, mientras la creación de puestos de trabajo no muestra el ritmo que se supone debería estar acorde con el crecimiento que se registra, al menos, en la macroeconomía.
La cuestión de los ingresos no tiene demasiados misterios: los aumentos de los precios de los artículos de consumo primario y también de determinados servicios hacen en los bolsillos agujeros por los que se escapan rápidamente los billetes que ingresan con mucho esfuerzo.
Ya quedó ampliamente demostrado que las cifras oficiales no coinciden en la mayoría de los casos con lo que deben afrontar los consumidores día a día, cuando se acercan a una góndola, un mostrador o un surtidor de combustible, por poner unos pocos ejemplos. La espiral inflacionaria se ha constituido a pleno y se produce el tradicional "enganche" de aumentos, incluidos aquellos que algunos aplican "por las dudas", de manera precautoria pero muchas veces sin sustento real, lo que no hace más que alimentar la carrera loca.
Así, en definitiva, la guillotina termina decapitando a los sueldos. Y ello sin dudas demanda una revisión, situación que está poniendo a los gremialistas ante una encrucijada. Ellos mismos cayeron en la trampa del perro mordiéndose la cola, al promover con el gobierno una pauta de aumento salarial limitada, que no condecía con las cifras reales del costo de vida y, de tal manera, iba a ser absorbido en poco tiempo. Desde la CGT, ahora con los "gordos" incluidos, continúa la ratificación de la alianza con la administración Kirchner, lo que innegablemente desacelera la posibilidad de renovar el reclamo.
Sin embargo, la realidad puede terminar imponiéndose a las conveniencias políticas, más aún si comienzan a emerger voces de reclamo desde las bases, o sea los trabajadores. De todas maneras, hay un elemento que está tomando forma concreta: el próximo índice en que se basará el reclamo salarial será superior a los impuestos en los últimos dos ciclos por el gobierno y el jefe de la CGT, Hugo Moyano.
En los círculos laborales ya circula el rumor de que el futuro pedido de aumento podría rondar hasta el 30 por ciento, lo cual ubicaría al reclamo en un sitial más cercano a la realidad que plantea la inflación. Será entonces una cuestión que no podrá escaparle al debate, sobre todo si desde el gobierno se insiste con que las estadísticas oficiales son las correctas.
Pero, además, el incipiente nerviosismo de los gremialistas podría ir creciendo si continúa la falta de respuestas a otras demandas que la administración les prometió satisfacer en algún momento. Caso concreto, aumento de las asignaciones familiares y elevación del tope salarial para la aplicación del Impuesto a las Ganancias.
De haber una resolución positiva de ambos planteos, podría notarse una distensión en el tema de los ingresos. Una mejora del salario familiar abultaría un poco los bolsillos de los trabajadores, mientras a la vez el impuesto dejaría de podar muchos haberes, como viene ocurriendo en los últimos tiempos. Ambas medidas redundarían entonces, aunque en un nivel todavía sencillo, en una mejora del poder adquisitivo. En tanto, por el lado del empleo también hay complicaciones. La última medición de la desocupación marcó una modesta mejora, que no muestra la misma relación que hubo en anteriores oportunidades con el crecimiento de la economía.
Además, sigue plenamente vigente el problema del empleo en negro, con un nivel insoportable para cualquier economía que pretenda tildarse de normal. Aunque hubo un poco más de creación de empleo registrado, que siga habiendo casi cuatro de cada diez trabajadores ejerciendo tareas de manera irregular es algo directamente inaceptable. No hay que dejar de recordar que en esta cuestión hay factores extraeconómicos o que exceden la situación particular de los empleadores. Debería haber controles más amplios y rigurosos y sanciones ejemplares para quienes, sin justificativo, tienen a su personalidad en el terreno de la ilegalidad.
Y para ello también es fundamental despojar acciones y discursos de cierta pátina de hipocresía que suele recubrirlos, porque a la vuelta de cualquier esquina, y hasta en las calles y veredas que circundan las sedes gubernamentales municipales, provinciales y nacionales hay miles de personas ejerciendo tareas de manera irregular, que responden a misteriosos empleadores a los que parece no llegarles nunca el brazo de la ley.
Mientras, también hay multitudes que pacientemente cumplen las normas, pagan sus impuestos y están a merced de la daga del Fisco, que sigue implacablemente cada uno de sus movimientos. Y así, como ocurre en la escala de los ingresos, también se produce una iniquidad que exaspera.
Ahí entonces está el punto: fomentar -y lograr, por supuesto- el equilibrio en la sociedad. Pero no dándole a cada equilibrista solamente una barra para que pueda mantener un precario balanceo sobre la cuerda, sino también colocando -y reforzando en los casos en los que haya necesidad- la red de protección que le brinda seguridad y alimenta su ánimo para tener éxito en su intento de llegar al otro extremo. Y, sobre todo, garantizar que, aunque haya una caída a mitad de camino, saldrá ileso y podrá tener otra oportunidad.
Luis Tarullo (DyN)