Télam/DyN
A pocas horas de conocerse el fallo en el juicio que se les sigue por la desaparición del senador tucumano Guillermo Vargas Aignasse, Luciano Benjamín Menéndez como Antonio Bussi volvieron a defender el accionar de las Fuerzas Armadas contra los grupos subversivos en la década de los setenta.
Menéndez insistió esta mañana que "la Argentina ostenta el dudoso mérito de ser el primer país en la historia del mundo que juzga a sus soldados victoriosos en una guerra".
"Podemos preguntarnos, como lo hizo recientemente un oficial uruguayo con patético dolor: "¿para quién ganamos la batalla?'", preguntó antes de que el Tribunal pasara a un cuarto intermedio hasta las 17.
Luego de concluir su breve alegato, interrumpido varias veces por el llanto, Domingo Bussi fue retirado, por propia voluntad, de la sala de audiencias.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán iba a dar a conocer hoy a las 17 la sentencia en el juicio que se le sigue a los represores Antonio Bussi y Luciano Benjamín Menéndez, por la desaparición del ex senador provincial Guillermo Vargas en 1976.
Los vocales del tribunal, Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Josefina Curi, pasaron a deliberar para luego anunciar el fallo, cuyos fundamentos se conocerán el 4 de septiembre próximo.
Los defensores de ambos militares retirados solicitaron que, en caso de ser condenados, se les aplique el régimen de la detención domiciliaria por la edad, considerando que Bussi tiene 82 años y Menéndez, 81 años, así como por su estado de salud.
El fiscal general Alfredo Terraf dijo que "esa es una facultad del tribunal, que puede o no concederla", aunque sostuvo que "no hay impedimentos" para que, en caso de ser condenados, Bussi y Menéndez cumplan la pena en la cárcel de Villa Urquiza.
"Por la gravedad de los delitos que se les imputan, no queda otra alternativa que la cárcel común. Y esto, además, porque están en condiciones físicas y psíquicas de ser alojados en un penal. La edad no da derechos ni privilegios", opinó Terraf.
Durante esta última jornada del juicio estaban en Tucumán diputados, funcionarios, dirigentes nacionales de partidos políticos y organismos de derechos humanos, entre los que figuran el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde; los diputados Remo Carlotto y Victoria Donda, la dirigente socialista Vilma Ripoll y Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.
Los jueces debían definir si Bussi y Menéndez son autores mediatos de privación ilegítima de la libertad, violación de domicilio, torturas y tormentos reiterados, condiciones tortuosas de detención, desaparición forzada de persona, homicidio calificado, asociación ilícita y genocidio, en el marco de los delitos de lesa humanidad contemplados por los pactos y convenciones internacionales, que declaran imprescriptibles estos hechos.
En los alegatos, el fiscal federal general Alfredo Terraf reclamó la prisión perpetua de los acusados en una cárcel común, revocándose así el beneficio de la prisión domiciliaria del que gozan. En tanto, la defensora oficial de Bussi, Amalina Assaf, planteó la absolución de su cliente o, en caso de que sea condenado, que se mantenga la detención en el country donde vive (en la residencia Yerba Buena), mientras el abogado de Menéndez, Horacio Guerineau, pidió la absolución lisa y llana.
Terraf insistió en que los acusados deben ser condenados y alojados en el penal común de Villa Urquiza, atento a la gravedad de los delitos que se les imputan. "No les queda otra alternativa que la cárcel común. Es una burla que una persona que está acusada por delitos de lesa humanidad siga en un country, porque ambos están en condiciones físicas y psíquicas de estar un penal. La edad no da derechos ni privilegios", subrayó.
Los magistrados deberán definir también sobre cinco testigos acusados por presuntos delitos. Son los guardiacárceles José Víctor Gerez y Carlos Antonio Décima, denunciados por el fiscal por falso testimonio, y el ex juez de Instrucción Militar Nº 76, Roque Ramón Cabral, y su secretario, Raúl Molina, a quienes Terraf acusó de falsificación ideológica de instrumento público por supuestamente haber inventado declaraciones en la investigación sobre el destino de Vargas Aignasse, desarrollada entre 1984 y 1986. El otro acusado es el ex sindicalista José Palavecino, a quien los defensores de los militares pidieron que se lo detenga e investigue por falso testimonio.