 |
En el estudio jurídico del abogado detenido por pedir dinero a cambio de "borrar" un historial de multas, hallaron 33 expedientes de la cartera laboral. En la Justicia y el Ministerio señalan que hay más personas involucradas.
En el Ministerio de Trabajo de la provincia descartan que el abogado detenido esta semana por haber recibido una coima sea un caso aislado. Ayer a la tarde esto dejó de ser una hipótesis, luego de que en un allanamiento que llevó adelante la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) en la casa y estudio de Daniel Gazzera, se hallaran 33 expedientes de la delegación Rosario de la cartera laboral, que contenían multas y sumarios por distintas infracciones desde 2001 a 2007.
Fuentes de la TOE señalaron hoy a El Litoral que una de las claves en el marco de la investigación saldrá de los peritajes que se están realizando a la computadora incautada en el estudio jurídico ubicado en 9 de Julio al 2000. "Hallamos 33 expedientes del Ministerio de Trabajo en el estudio jurídico de Gazzera. Está prohibido que esta documentación salga del Ministerio, por lo que se sospecha que estos expedientes están relacionados con otros pedidos de coima", señaló un alto jefe de la fuerza.
In fraganti
Agentes de la TOE detuvieron a Gazzera el miércoles a la mañana en un bar de Rioja y Ovidio Lagos, a pocas cuadras de la sede del Ministerio de Trabajo. Allí el letrado que se desempeña en la oficina de Sumarios y Multas había citado a un representante de la empresa constructora Artesa SA integrante de la Asociación de Empresarios de la Vivienda para que le entregara 4.000 pesos a cambio de "eliminar" un expediente que se había abierto hacía dos años contra la firma por irregularidades en las condiciones laborales.
La constructora, según había determinado el Ministerio de Trabajo, tenía que pagar una infracción por 14.500 pesos. Gazzera había acordado el pago de la coima en una reunión que mantuvo con representantes de la firma en una oficina de la sede ministerial. Después de esa reunión, el abogado de Artesa SA presentó una denuncia en el juzgado de Instrucción Nº 8, a cargo de Juan José Pazos, quien actualmente está siendo reemplazado por el juez de Instrucción Nº 9 Javier Beltramone. El magistrado le dio intervención a la TOE, quienes, en complicidad con los representantes de la firma, armaron la reunión en el bar, donde Gazzera fue detenido después de que un abogado de Artesa le entregara un sobre con dinero marcado.
Buscando a los cómplices
Los investigadores creen que este pedido de coima no es un caso aislado. El juez Beltramone dijo que en el marco de la pesquisa lo que se busca determinar ahora "es el circuito que tienen los expedientes cuando ingresan y cuando egresan del Ministerio de Trabajo. "Estamos teniendo charlas con los empleados de la repartición para determinar cuál es el funcionamiento, cómo se cargan los datos en el sistema informático y cómo se le da de baja a un expediente", aseguró Beltramone.
La hipótesis que se maneja en la Justicia y también el titular de esa cartera, Carlos Rodríguez es que dentro de esa repartición hay otros empleados que actuaron como cómplices de Gazzera. El abogado detenido pedía una coima a cambio de "limpiar" el expediente que contenía una multa. Pero para llevar adelante ese trámite es necesario, por ejemplo, sacarlo del sistema informático, algo a lo que por lo que deducen las fuentes judiciales Gazzera no tenía llegada. "Los peritajes informáticos van a ser muy importantes para seguir estas líneas de investigación", advirtió el magistrado.
Patrimonios bajo la lupa
En esa línea, la subsecretaria de Coordinación de Trabajo Decente, Alicia Ciciliani, avanzó en la idea de profundizar las investigaciones en el interior de la cartera laboral. Incluso no descartó que se revise la evolución del patrimonio personal de los empleados de esa repartición. Y agregó que en torno a la supuesta coima "no puede estar involucrada una sola persona".
"Esto es parte de la lucha contra la corrupción y nuestra idea es avanzar. Es un tema que nos preocupa, pero no es nuevo para nosotros, ya que manejábamos información acerca de estas irregularidades", indicó el titular de la cartera laboral santafesina. Carlos Rodríguez, ministro de Trabajo, tenía en la mira a la repartición de Rosario desde hace mucho tiempo. Cuando el funcionario provincial se desempeñaba en la Superintendencia de Riesgo de Trabajo tenía información de supuestos ilícitos que se estaban tejiendo en la delegación Rosario. Había recibido denuncias informales sobre pedidos de coima de inspectores del plantel de la planta permanente.
Apoyo
La comisión directiva de la UPCN Santa Fe y el cuerpo de delegados del Ministerio de Trabajo avaló las medidas que está adoptando el gobierno provincial para investigar y combatir la corrupción en ese ámbito, como así también "todas las gestiones tendientes a buscar una plena transparencia de las actividades que desarrolla el personal de la administración pública provincial, en el caso de presentarse hechos irregulares concretos y comprobables, como el ocurrido en la ciudad de Rosario". La entidad gremial ofreció, además, aportar las herramientas que estén a su alcance para optimizar esta investigación.