Luis Rodrigo
Con modificaciones acordadas por unanimidad, la Cámara de Senadores devolvió a Diputados el proyecto de ley del Poder Ejecutivo para la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal.
La reforma sobre el proceso judicial hará que Santa Fe deje de ser, en toda Latinoamérica, el único Servicio de Justicia en el que aún subsiste el proceso escrito, al que la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera inconstitucional, a partir de la reforma de 1994. El Alto Tribunal dejó sentado ese criterio en el sonado caso Fraticelli.
Ayer los senadores cerraron el debate sobre cómo implementar esos cambios y dejaron otra vez la pelota en la otra Cámara: Diputados recibió el despacho cambiado pasadas las 16 y aprobó una preferencia para la semana que viene.
La clave de la negociación en Senadores fue que el bloque mayoritario del PJ hiciera las modificaciones que creía necesarias para "no permitir que se frustren las expectativas públicas sobre la reforma", según la definición de Ricardo Kaufmann (PJ-Garay).
El titular de Asuntos Constitucionales (que actuó como miembro informante por la oposición) dijo que su bloque había optado por facilitar al Ejecutivo las herramientas que reclamaba.
Kaufmann advirtió que la norma aprobada en la víspera por Senadores no tuvo una demora exagerada (dijo que su tratamiento en comisiones llevó dos meses) y subrayó que los plazos dispuestos por la ley que aprobó la reforma se vencieron "por responsabilidad del Ejecutivo".
Para Juan Carlos Zabalza (PS- Rosario) el consenso alcanzado sobre cómo cambiar del proceso escrito al oral puede ser el inicio de la reconciliación de la sociedad con el Poder Judicial santafesino. Consideró que cambios como incorporar la figura del querellante, disminuir los tiempos en la administración de justicia y proveer más transparencia al proceso judicial puede "achicar las posibilidades de la impunidad".
Rodrigo Borla (UCR-San Justo) habló de las esperanzas que tienen quienes han participado de la elaboración del proceso de reforma para que se "recupere la confianza" en el Poder Judicial.
La comisión de Asuntos Constitucionales consideró conveniente realizar reformas sobre el texto que giró Diputados, en cuanto a las previsiones ante el incumplimiento de plazos para la realización del juicio oral.
Mientras la Cámara baja establecía un máximo de 8 meses para que este sea considerado vencido, Senadores lo extendió a estableciendo por la ley provincial 12.734 en sus artículos 156 y 157: dos años, con opción a un tercero. Es para no alentar una catarata de pedidos de juicio oral, basados en alguna especulación de que aparezcan los beneficios (por vencimiento del plazo) para los imputados.
El Senado antes consultó a integrantes de la Corte Suprema de Justicia, al ministro de Justicia y Derechos Humanos, a los colegios de Abogados de Santa Fe y Rosario y de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial.
Además, la Cámara de Senadores sumó un nuevo artículo. Fija 150 días posteriores a la promulgación de la norma como término para que el Poder Ejecutivo remita a la Legislatura las propuestas correspondientes a las leyes orgánicas de Ministerio Público de la Acusación, de Ministerio Público de la Defensa, de Protección a Testigos y Víctimas, de Organización de Tribunales Penales y Gestión Judicial, y de Transición, y de todas las demás que sean necesarias para la implementación definitiva e integral de la Ley 12.374, de Código Procesal Penal .
El senador Kaufmann dijo que el justicialismo espera que "como mínimo" el debate y el tratamiento de esas normas tenga lugar en el período ordinario de 2009.