El Tribunal Oral Federal de Tucumán condenó a prisión perpetua a Antonio Domingo Bussi y a Mario Benjamín Menéndez. Ambos militares deberán pagar con prisión domiciliaria el secuestro, desaparición y muerte del senador peronista Guillermo Vargas Aignase. El fallo judicial era previsible. Al respecto, esa "previsibilidad" merecería algunas observaciones. No es bueno para la Justicia que se conozca de antemano la suerte de los ciudadanos llevados ante los Tribunales.
Es verdad que existía un fuerte consenso sobre la responsabilidad de los imputados, responsabilidad que en su momento habían podido eludir gracias a las leyes de obediencia debida, punto final e indulto aprobadas por Alfonsín y Menem. Pero de todos modos es necesario advertir que en más de un caso los juicios parecen ser formalidades sobre condenas que ya están establecidas de antemano.
Sin duda que Menéndez y Bussi deben rendir cuentas por sus abusos. Las pruebas que se han presentado contra ellos son concluyentes. Los argumentos elaborados por la defensa han sido débiles y en la mayoría de los casos más que una defensa jurídica lo que han expuesto es una defensa ideológica o política. Menéndez ha reiterado en Tucumán los principios sostenidos en Córdoba hace unas semanas. En lo fundamental la defensa de Bussi ha reproducido los mismos tópicos.
Los argumentos de uno y otro no difieren de lo que constituye la explicación oficial de las fuerzas armadas sobre lo sucedido desde 1976 en adelante. Según ellos, se trataba de una guerra contra la subversión y esa guerra debía librarse en condiciones excepcionales. Al respecto, habría que decir que los militares juzgados en estos casos no lo son por haber intervenido en operaciones contra la guerrilla, sino por haber desarrollado actividades represivas ilegales.
Hay un debate abierto respecto a si hubo o no guerra en la Argentina. Sugestivamente, la ultraizquierda y la ultraderecha coinciden en reconocer que hubo una guerra. Independientemente de la valoración que se haga de lo sucedido, lo que está fuera de discusión -aceptando el punto de vista de la supuesta guerra que vivimos los argentinos- es que en ningún caso están autorizadas las Fuerzas Armadas de un Estado nacional a ejecutar prisioneros, secuestrarlos o recluirlos en centros de detención clandestinos.
Las crónicas señalan que los manifestantes de izquierda y las instituciones de derechos humanos expresaron su aprobación a las condenas, pero rechazaron con su habitual violencia la prisión domiciliaria. La reacción no deja de llamar la atención. La disposición que habilita a las personas mayores de ochenta años a cumplir la condena en su casa, se aprobó precisamente invocando los derechos humanos de los detenidos. La prisión domiciliaria en ese sentido es una conquista cultural de las organizaciones de derechos humanos. No deja de asombrar que quienes dicen defenderlos, cuando la condena afecta a sus enemigos, se olvidan de los valores que sostenían y reclaman el más duro de los castigos. En realidad a nadie le debería llamar la atención. Son los mismos que callan sobre los atropellos a la dignidad humana en Cuba o siguen festejando con devoción de fanáticos el incalificable asesinato de Pedro Eugenio Aramburu.