El libro "Operación Traviata" escrito por el periodista Ceferino Reato instaló en el centro del debate público el asesinato del dirigente sindical José Rucci y la posibilidad de considerar a este crimen como de lesa humanidad. Las declaraciones del gremialista Hugo Moyano y de la propia hija de Rucci confirman que existe una iniciativa firme para que la Justicia se pronuncie en esa dirección. Si así ocurriera, se produciría una importante novedad respecto de cómo encuadrar jurídicamente a los episodios de violencia de los años setenta. Como se sabe, hasta la fecha, los crímenes de lesa humanidad son atribuidos a quienes los perpetran valiéndose de la estructura del Estado.
Las declaraciones del fiscal Moreno Ocampo y las disposiciones del Estatuto de Roma han incorporado algunas modificaciones a este concepto, por lo que los crímenes de lesa humanidad se hacen extensivos a organizaciones políticas que hayan atacado a la sociedad civil o a sus dirigentes. Como se podrá apreciar el asesinato de Rucci se encuadra perfectamente en estas disposiciones.
Rucci fue asesinado el 25 de septiembre de 1973, dos días después de que Perón había sido elegido presidente de la Nación por tercera vez. Se cumplen en estos días 35 años de ese episodio. El crimen ocurrió casi sobre el mediodía en el barrio de Flores. En un principio, se dudó sobre los autores del atentado, hasta que finalmente Montoneros se lo atribuyó. Según declaraciones de los dirigentes de esta organización armada, la decisión de matarlo fue política, en el sentido de que se especulaba que con esa muerte se le demostraba a Perón la verdadera fuerza política de Montoneros y su capacidad militar para "ajusticiar traidores".
Para septiembre de 1973, Montoneros controlaba todavía algunos resortes del Estado nacional y, muy en particular, de la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, el argumento de que el crimen de lesa humanidad sólo puede ser perpetrado desde el Estado, en este caso se ajustaría perfectamente, ya que es muy probable que las armas hayan sido proporcionadas por reparticiones públicas. Por su parte, los principales protagonistas del crimen recibieron preparación especial del Estado de Cuba, por lo que también en este caso la presencia de un Estado es clara.
Uno de los argumentos de los que se valían los guerrilleros para justificar sus operativos es el de la lucha legítima contra regímenes opresivos. En el caso que nos ocupa, esta suerte de coartada moral y política carecería de validez porque para septiembre de 1973 en la Argentina había democracia, al punto que dos días antes del crimen el pueblo acababa de elegir a un presidente.
Como se podrá apreciar, existen muy buenos fundamentos para considerar al asesinato de José Rucci como un crimen de lesa humanidad. Si así fuera, deberán responder los autores de los operativos criminales que en su momento conmocionaron a la opinión pública. Recordemos que en esa época numerosos sindicalistas, militares, empresarios y políticos fueron asesinados por las organizaciones terroristas acusados de "enemigos del pueblo". Ahora, le corresponderá a la Justicia investigar lo sucedido en aquellos años sobre el presupuesto de que no hubo terrorismo malo ni terrorismo bueno.