Télam-AFP-EFE
Los prefectos (gobernadores) opositores dejaron en suspenso el diálogo con el gobierno de Bolivia debido a la detención de un dirigente acusado de haber participado del sabotaje a un gasoducto, mientras el Ministerio del Interior alertó sobre un posible rebrote de la violencia.
El gobernador de Tarija, Mario Cossío, pidió a Morales que diga expresamente "si se van a restituir las garantías constitucionales, si se van a respetar los derechos de los ciudadanos", como condición "imprescindible" para retomar el diálogo.
"En tanto esto no ocurra, los cinco departamentos (provincias) que participamos en el diálogo suspendemos temporalmente nuestra participación en las mesas de trabajo", anunció Cossío, según reportó la agencia noticiosa italiana Ansa.
Cossío aclaró que los prefectos no estaban "rompiendo el diálogo" y añadió que, para demostrarlo, tanto él como sus colegas de Beni, Chuquisaca y Santa Cruz permanecerían en Cochabamba, sede de las conversaciones, "a la espera de la respuesta del señor presidente".
En tanto, el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, aseguró que "fue legal" la detención, anteayer en la ciudad Villamontes, del dirigente José Vaca, acusado de haber atentado contra el gasoducto Yacuiba-Río Grande el 10 de septiembre pasado.
Indicó que la detención de Vaca fue efectuada por organismos dependientes de la seguridad del Estado, sobre la base de una orden fiscal y autoridad judicial competente.
"Toda acción terrorista tiene consecuencias legales y en este caso eso es lo que se está viendo; la Policía no hizo nada más que cumplir con las órdenes impartidas por el Ministerio Público (fiscalía)", afirmó Rada, citado por la agencia noticiosa estatal ABI.
El ministro agregó que las fuerzas de seguridad del Estado están "vigilantes y atentas" ante un posible rebrote de la violencia en el país si fracasa el diálogo, y no descartó nuevos disturbios porque "no está desmantelada" la organización "cívico-prefectural", a la que acusó de haber intentado un golpe de Estado civil a mediados de setiembre.
Cossío rechazó la declaración del ministro y afirmó que la detención de Vaca violó el acuerdo para el diálogo político, en uno de cuyos puntos el Ejecutivo se comprometió a dejar en suspenso todo tipo de medidas contra la gente que dirigió y participó en las movilizaciones opositoras, que incluyeron sabotajes a gasoductos y la toma y el saqueo de oficinas públicas.
"Van a volver a decir que se impone la ley, que la ley no se negocia. Sí, estamos de acuerdo en que la ley no se negocia. Pero exigimos que se la respete y se la cumpla y no se atropelle los derechos de cualquier ciudadano", afirmó Cossío.
Por su parte, el vicepresidente Álvaro García Linera explicó que la falta de gas licuado, nafta y gasoil en Bolivia se debe al atentado "terrorista" al gasoducto de Yacuiba y al cierre de válvulas en las refinerías de Palmasola y Valle Hermoso por cívicos que forman parte del opositor Consejo Nacional Democrático (Conalde).
"El daño que le han hecho los terroristas, los destructores y criminales de ductos va a tardar días en ser reparado, no se olviden de que han destruido válvulas y ductos, y han afectado a todo el sistema de distribución", afirmó el segundo del presidente Evo Morales.
El 10 de septiembre de 2008, una explosión destruyó la válvula del gasoducto Yacuiba-Río Grande, lo que redujo las exportaciones de gas boliviano a Brasil y el abastecimiento interno.
García Linera explicó que la nacionalizada YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia) está haciendo todos los esfuerzos para superar el desabastecimiento de combustibles.
En tanto, el diputado del opositor partido Poder Democrático y Social (Podemos), Fernando Barrientos calificó la detención del dirigente cívico de "terrorismo de Estado" y afirmó, citado por el diario digital Erbol, que esa acción produciría la ruptura del diálogo con el gobierno.
Asimismo, la vicepresidenta del Comité Cívico de Tarija, Patricia Galarza, anunció la convocatoria a una reunión de emergencia del Conalde para analizar la situación que se dio con la detención de Vaca, y declaró que existe "persecución" del gobierno a los dirigentes cívicos.
Voto por el no
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia anunció hoy que hará campaña por el "No" a la nueva Constitución, cuando aún no hay decisión de la oposición de votar en el Congreso una ley de convocatoria del referendo para aprobar o rechazar la propuesta de Carta Magna.
El titular de la entidad empresaria, Gabriel Dabdoub, dirigente afín al opositor Comité Cívico de Santa Cruz, aseguró, sin embargo, que su sector hará "todos los esfuerzos necesarios para contribuir al consenso y evitar la confrontación", a raíz de los cambios constitucionales que enfrentan a gobierno y oponentes al presidente Evo Morales. "Éste es un proceso irreversible que debemos asumir con cuidado para ser parte de él", declaró.