Tres de la tarde de ayer. En las paradas de colectivos de la ciudad de Santa Fe la gente se amontona y espera. Los minutos pasan. Las preguntas y los nervios comienzan a apoderarse de todos. Estos vecinos no lo saben, pero los colectivos no llegarán.
A esa misma hora, en las sedes de la mayoría de las empresas, los choferes realizan asambleas que desembocarán en un paro por tiempo indeterminado. Una vez más, el problema surge por un reclamo salarial. Una vez más, los usuarios no fueron advertidos a tiempo y volvieron a quedar cautivos en una puja que los perjudica, que pocos comprenden, pero que parece ser endémica.
Los detalles que motivaron esta huelga en particular poco importan, pues en realidad el problema en el sistema de colectivos urbanos es mucho más profundo.
El actual esquema resulta inviable por distintas razones pero, sobre todo, por una serie de decisiones políticas adoptadas por el gobierno nacional y que terminan perjudicando al interior del país.
De hecho, las medidas de fuerza constantes no son un triste privilegio de Santa Fe, sino que se repiten cada vez con mayor asiduidad en las principales ciudades de la Argentina.
Los choferes de colectivos gozan de uno de los mejores niveles salariales si se tienen en cuenta los requisitos de capacitación exigibles para quienes realizan esta tarea.
Para algunos, estos logros sindicales están sustentados en la creciente influencia -y cercanía al gobierno- del camionero Hugo Moyano, de quien el gremio de la UTA es un fuerte aliado. No es casualidad que los camioneros representen otro de los sectores muy bien remunerados en esta Argentina plagada de desigualdades e incoherencias.
Algunos cálculos indican que los subsidios que el gobierno nacional envía para el funcionamiento del transporte urbano en la provincia de Santa Fe, apenas si representan un tercio de lo que los santafesinos aportan cada mes a través del impuesto al gasoil.
El sueldo de los choferes de colectivos se fija en Buenos Aires, pero el gobierno destina de manera inequitativa los subsidios, beneficiando una vez más a Capital Federal y al conurbano.
En nuestra ciudad hay que agregar al conflicto, la precariedad de la estructura cuya reglamentación fue prometida desde la anterior gestión y nunca se llevó a cabo. Las ordenanzas que hay respecto de su regulación y que protegen al usuario no se cumplen o quedaron obsoletas y, en ese sentido, el Concejo sigue en deuda con la sociedad.
Resulta innegable que los sistemas de transporte público tienen una importancia vital para estos grandes centros urbanos que aglutinan el 30% de la población del país.
Sin embargo, también es real que el nivel de ingresos de la mayor parte de la población en el interior argentino es inferior y que los que viven lejos de la Capital no sólo se ven obligados a pagar boletos más caros, sino que parecen condenados a soportar continuas medidas de fuerza.
Hace meses que distintas fuerzas políticas han unido su reclamo ante el gobierno central para que revea la política de distribución de los subsidios, pero no son escuchadas.
Mientras no se produzca un sinceramiento de las variables que influyen en el negocio del transporte, el clima de confrontación será constante. La decisión de fondo, más que económica, es política, y el gobierno lo sabe.