El Colegio de Graduados en Ciencias Económicas y el Consejo Profesional del sector saludaron la media sanción del Senado a una serie de reformas al Código Fiscal de la provincia que incluyen la creación del Tribunal Fiscal que podrá ser integrado por contadores públicos.
Germán Bonino, presidente del Colegio de Graduados y Carlos Alberto Annichini, titular de la cámara uno del Consejo de Profesionales en Ciencias Económicas, detallaron que "más allá de las cuestiones político partidarias, la reforma es positiva para el contribuyente y para la profesión".
Dos semanas atrás, el Senado avanzó en la aprobación de una iniciativa de Juan Carlos Mercier (PJ-La Capital) que propicia una reforma del Código Fiscal cuyos ejes son la defensa de los derechos de los contribuyentes, incorporar los derechos del obligado tributario santafesino y crear el Tribunal Fiscal Provincial. Se dijo en el recinto que el texto procura ponerse al día con una vieja asignatura pendiente del Estado provincial: terminar con la condición de juez y parte de la administración que depende del Poder Ejecutivo, que así actúa cada vez que un particular tiene diferencias con la forma (o el monto) con que el sector público le ha cobrado los tributos de cumplimiento obligatorio.
Un año atrás, mientras el proyecto estaba en discusión, el Colegio y el Consejo plantearon en las páginas de El Litoral varias objeciones al texto, especialmente la exclusión de los profesionales del sector en la integración del Tribunal.
"El proyecto recepta que se permita actuar a los contadores como patrocinantes y a la vez ser miembros del Tribunal como ocurre en gran parte del país y en la Nación" subrayó Annichini. "El proyecto es equilibrado porque garantiza la defensa del contribuyente y preserva las facultades de cobro de la administración" acota Bonino.
Los titulares de las entidades coinciden en destacar que la reforma tiene varias ventajas además de crear el tribunal fiscal y mencionan la eliminación del solve et repete (pague y después repita), el procedimiento de determinación de oficio que no está actualmente legislado en el Código y el equilibrio que asegura la defensa del contribuyente y preserva las facultades del fisco.
Ambos coinciden que la figura del solve et repete está considerada como denegatoria de Justicia porque antes de presentar un reclamo obliga a pagar y es el propio organismo recaudador juez y parte. Si bien actualmente está abierta la vía del recurso contencioso administrativo son mínimos los reclamos que llegan a esa instancia.
Colegio y Consejo también opinaron acerca del mensaje del Poder Ejecutivo sobre reforma tributaria especialmente en lo atinente a las reformas del procedimiento fiscal. Además las entidades mantuvieron reuniones con diputados y asesores para discutir algunos aspectos. Algunos de los cuestionamientos fueron tomados en el texto de mayoría votado la semana pasada mientras que otras figuras no fueron consideradas.
Los contadores objetan del proyecto la limitación a la posibilidad de ofrecer nuevas pruebas en la etapa del recurso de reconsideración que es el primer recurso; la apelación ante la subsecretaría de Ingresos Públicos y la mayor restricción a la utilización del crédito fiscal computado por el ingreso del Derecho de Registro e Inspección comunal o municipal.
Reforma
El proyecto de ley de reforma al Código Fiscal con media sanción del Senado pasó a Diputados, donde desde el período legislativo anterior (y en años anteriores) el tema fue planteado por la oposición, que hoy tiene el rol de oficialismo, especialmente por el socialista Raúl Lamberto.
El despacho votado tiene 23 artículos y en sus fundamentos cita los considerandos del trabajo hecho por una comisión de expertos de la ciudad de Rosario. Sostiene que se trata de "encarar una reforma del procedimiento tributario sobre la base de una observada incompatibilidad de la ley vigente con normas superiores y fallos recientes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en la necesidad de adecuación de la legislación a los compromisos internacionales asumidos por nuestro país".
Subraya que "la provincia de Santa Fe, si pretende estar acorde con el bloque constitucional actual, tiene que tener normas que respeten los derechos y garantías reconocidos en Tratados Internacionales y debe garantizar a los contribuyentes la tutela judicial efectiva y seguridad jurídica".