Es indudable que la jornada de ayer en la Legislatura marca un punto de inflexión en el curso del actual período gubernativo. Pero mensurar en la debida magnitud la fuerza del impacto no implica considerarlo como algo intempestivo, imprevisible o desvinculado de la cadena de acontecimientos que lo precedió.
En realidad, es todo lo contrario: la postura del justicialismo había sido holgadamente anticipada y difundida, y la estrategia oficialista fue seguir adelante con la reforma a sabiendas de esto. Hay entonces, cuanto menos, un error en esa estrategia; mismo encuadre que le cabe a la ineficacia para generar una instancia de diálogo real y concreta, más allá de lo declarativo.
Más allá de la existencia o no de vocación al respecto, esto es un requerimiento de la propia realidad, resultante de un esquema bicameral con predominio de fuerzas distintas. Y que, como tal, no sólo es absolutamente legítimo en su integración y en el sentido de los pronunciamientos que las mayorías determinen en cada caso -y por lo cual que se hable de "golpe" sólo puede ser dispensado, con extrema benevolencia, considerándolo como un exabrupto-, sino que exige ineludiblemente instancias de articulación.
Al socialismo debería quedarle claro que, en estas condiciones, no basta con tener la razón. Pero que además, nunca puede desestimar la posibilidad de que no la tenga, al menos en términos absolutos -como ya quedó demostrado con la serie de retoques al proyecto que se hicieron en Diputados-, por más antipático o cuestionable que resulte quien se opone.
Entonces, la discusión podrá versar, entre muchas otras cosas, sobre normas y oportunidades, sobre políticas y rechazos, sobre gestión y obstruccionismo, sobre gobierno y supuestas pretensiones de co-gobierno, sobre necesidades y respuestas, sobre iniciativas y precedentes, sobre respaldo electoral y autoridad moral, sobre unilateralidad y consenso, sobre responsabilidades y especulaciones, sobre visiones contrapuestas y unidad o diversidad de objetivos. Pero no poner en tela de juicio la legalidad y la legitimidad que da sustento al sistema, y que reclama una dinámica política a la altura de las circunstancias. Algo que, muchas veces, requiere también un aprendizaje y el pago de costos que exceden largamente al sector político.