El proyecto que habilita la posibilidad de ampliar el número de concejales en las ciudades de Santa Fe y Rosario intenta reparar un severo daño infligido a la calidad republicana -producido bajo el argumento de la racionalidad administrativa-, a la vez que significa una buena oportunidad para discutir los criterios de representatividad en el ámbito municipal.
La reducción del número de ediles en las dos principales urbes de la provincia fue tomada al calor de la aversión hacia el sector político despertada en la mayor parte de la comunidad, en la agitación sobreviniente a la crisis institucional de 2001 y bajo el tan insistente como superficial imperativo "que se vayan todos". Con mucha resistencia desde la oposición e incluso dentro de su mismo partido, el ministro de Gobierno justicialista Esteban Borgonovo consiguió en 2002, en la segunda gestión de Carlos Reutemann, la aprobación de la Ley 12.065.
Por efecto de esa norma y de manera progresiva, por caso, esta capital pasó de contar con 21 bancas a solamente 13; es decir, la misma cantidad que en ciudades como Rafaela o Venado Tuerto, que tienen cuatro veces menos habitantes.
A esta palmaria incongruencia, que surge ante la simple comparación, se suma la inmediata verificación de una de las principales advertencias formuladas apenas se conoció el proyecto: la pérdida de representación de los partidos minoritarios, que para conseguir un concejal ahora necesitan un número de votos extremadamente difícil de alcanzar: no menos de 30 mil. Es decir, prácticamente lo mismo que para un diputado. Resulta obvio que las postulaciones, por más que cuenten con un importante nivel de adhesión, requerirán estructuras que exceden las posibilidades de, por ejemplo, organizaciones vecinales, partidos nuevos o incluso expresiones tradicionales minoritarias.
La posibilidad, cuantitativamente restringida, de que la iniciativa presentada ahora en la Cámara de Diputados otorga a los propios órganos deliberativos locales para que amplíen su volumen, ha reeditado la discusión que presidió la sanción de la llamada ley Borgonovo: la cuestión del gasto político. Ahora bien, debe recordarse al respecto que, si bien se puso un tope al gasto de los Concejos, en aquélla norma no hubo una reducción presupuestaria, por lo cual el supuesto "ajuste" se limitó a la representatividad. A contrario sensu, un enfoque criterioso permitiría corregir este aspecto en un esquema de sana y transparente administración, que no modifique el nivel de recursos asignados.
Pero también, como pudo haber sido y no lo hizo la ley de 2002, éste es un buen punto de partida para debatir sobre qué tipo de representación y de gestión parlamentaria quieren los santafesinos y los rosarinos, poniendo sobre el tapete ideas referidas a las jurisdicciones barriales e incluso el postergado tema de las autonomías municipales. Cuestiones que hacen directamente a la calidad institucional, y que no pueden ser ignoradas por el enceguecimiento de planteos reduccionistas, que aún pretenden someter la democracia a equivocados condicionamientos de caja o al ciego dictado de la tentación demagógica.