Agustina Mai - [email protected]
"El delito constituye y soporta un determinado orden social. La política penal está al servicio del orden social, que no es igualitario ni fraterno, sino que establece dominación, persiguiendo a unos y no a otros", denunció Juan Pegoraro, con tono ácido y enérgico, ante un auditorio ávido por escuchar al polémico sociólogo.
Su exposición fue una de las tantas que se desarrollaron en el marco del Foro Iberoamericano de Seguridad Ciudadana, organizado por el Programa Delito y Sociedad de la Universidad Nacional del Litoral (UNL).
Bajo la temática "Inseguridad y estrategias de control del delito en América Latina", la primera mesa redonda convocó a Juan Pegoraro de la Universidad de Buenos Aires (UBA); Alfredo Rodríguez, de Corporación Sur (Chile); y Emilio Dellasoppa, de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Del acto de apertura participaron el rector de la casa de altos estudios, Albor Cantard; el secretario de Extensión, Gustavo Menéndez; y el director del Programa Delito y Sociedad, Máximo Sozzo.
"La desigualdad no es una abstracción", sentenció y para demostrarlo dio algunos ejemplos: en América Latina, el 20% más rico de la población obtiene el 39,91% del PBI, en tanto el 20% más pobre, sólo recibe el 4,52%. Estos porcentajes no difieren mucho de los del primer mundo, ya que en Europa el 20% más rico se queda con el 39,69% del PBI y el 20% más pobre alcanza el 6,26%. "En un país como el nuestro, con 13 millones de pobres y 3,5 millones de indigentes, la ciudadanía es una abstracción", sentenció el sociólogo.
En referencia al Plan Nacional de Prevención del Delito, aseguró que se trata de "retórica pura porque el poder necesita del delito".
Pegoraro concluyó con una feroz crítica: "Al castigar al pobre se resguarda el orden social. La política penal confirma el imaginario del delito: los que cometen delitos son pobres y marginales. Además es selectiva porque castiga los delitos comunes y no a los delitos económicos organizados. El único delito que se pretende controlar es el de los pobres".
El arquitecto Rodríguez retomó la idea del "derecho a la ciudad": "Todas nuestras acciones ocurren en ese espacio. Una debilidad recurrente de las políticas sociales no toman en cuenta el espacio físico, que es donde ocurren los conflictos sociales, que crean y recrean a la ciudad".
Explicó que los miedos se pueden experimentar directamente, como puede ser el temor a que lo asalten o a las grandes concentraciones de personas, por ejemplo, en el subte; o también a partir de comentarios, cuando a uno le advierten que tal barrio es peligroso. "La ciudad es un escenario dinámico y variable. El miedo permite reorganizar prácticas, como evitar determinados lugares y horarios".
De acuerdo con los resultados de un trabajo en el que se rescataron los relatos de 150 pobladores de los barrios marginales, Rodríguez aseguró: "Cuando se habla de los temores de la ciudad se da por sentado que son los integrados los que sienten miedo respecto de los excluidos. Pero lo interesante de este trabajo es que para los entrevistados -que pertenecen a sectores bajos- los barrios peligrosos son los de las personas de altos ingresos y el centro porque allí son discriminados".
En este sentido remarcó: "El miedo va más allá de lo delictivo, es producto de una segregación simbólica. Por eso cuando piden más seguridad, lo que piden es más ciudad, es decir, más acceso, más transporte público, más educación y salud. Las políticas sólo sirven para mantener la brecha".
El Dr. Emilio Dellasoppa abordó la problemática de la inseguridad en Brasil. Debido a la cantidad de muertes, secuestros y violencia, consideró que se trata de "una situación extremadamente compleja, en la que se da un conflicto de intereses". En este sentido remarcó que "la policía no es parte de la solución, sino del problema".
Como las realidades son muy distintas en cada ciudad de un país tan extenso, se limitó a analizar el caso de Río de Janeiro. "Uno de los problemas es el uso de la fuerza letal por parte de la policía. Cómo controlar la violencia, los excesos y corrupción de la policía es la pregunta de todos los gobiernos en los últimos 20 años", destacó.
En este sentido detalló que "hasta la década del "90 había un descontrol en la policía, ya que las fuerzas policiales estaban involucradas en el secuestro de empresarios y civiles". Para terminar con esta situación se implementó el premio "Farwest", una recompensa para los policías militares que se enfrentaban con los delincuentes. Pero se incrementaron las muertes a manos de la policía sin disminuir los secuestros. Esto recién se consiguió cuando se puso al frente de la División Anti-Secuestros una persona capaz de frenar la participación policial en estos delitos.
Otro de los problemas que preocupa a Dellasoppa es la actitud de la población ante la violación de los derechos de los detenidos. "El 25% de la población considera válido torturar a un detenido para obtener información, un 30% duda sobre esta medida y sólo un 20% asegura que jamás se debería torturar. ¿Cuál es la solución?, ¿el ejército? Claro que no. El desafío es pensar nuevas formas de intervención dentro de los ideales democráticos", concluyó.