La fiscalía española recurrió hoy la decisión del juez Baltasar Garzón de investigar las desapariciones de la Guerra Civil y la dictadura al alegar que no se trata de crímenes de lesa humanidad y que la ley de Memoria Histórica ya contempla la apertura de fosas comunes.
La fiscalía de la Audiencia Nacional explicó en una "nota informativa" que las "detenciones ilegales con desaparición" que quiere investigar el juez Garzón no son "un asunto sujeto a las reglas de la justicia universal", como defiende el magistrado.
Por lo tanto, Garzón "carece de competencia para la investigación" de esos hechos, que atribuye a "los juzgados de cada territorio donde se perpetraron semejantes atrocidades", estimó.
Asimismo, defendió que la protección de los derechos de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista (1936-1975) "queda garantizada" por la ley de Memoria Histórica aprobada por el Parlamento español a finales del año pasado.
Según la fiscalía, esta ley permite lo mismo que autorizó el juez Garzón el jueves pasado, la "localización de fosas, identificación y exhumación de las personas secuestradas y asesinadas y la entrega de sus restos a los familiares".
Esa ley es "el cauce idóneo para el restablecimiento y la tutela de los derechos de las víctimas, pues convierte en realidad la justa pretensión de recuperar la memoria y la dignidad de esos miles de personas, de ofrecer la necesaria reparación moral que su consecución supone para los familiares y allegados de las mismas", estimaron.
Además, la ley "formaliza el reconocimiento de una injusticia histórica" que hace innecesaria la investigación judicial y un posible juicio de Garzón.
Garzón se declaró el jueves competente para investigar las "desapariciones" durante la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura franquista (1939-1975), lo que supone el primer paso en España para esclarecer la suerte de algo más de 114.000 personas identificadas por sus nombres, muchas de las cuales yacen en fosas comunes.
El juez identificó el delito como "detención ilegal, sin dar razón del paradero, en el contexto de crímenes contra la humanidad", y para investigarlo alega que éste es "permanente" y que los crímenes contra la humanidad no pueden anularse, por lo que no tiene en cuenta una ley española de amnistía de 1977 para ese tipo de delitos.
Los crímenes de lesa humanidad fueron incluidos en el código penal español en 2003, a través de una ley que establece que la Justicia española es competente para investigar delitos de genocidio o contra la humanidad cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional.