De la redacción de El Litoral
La Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley que apunta a que los condenados, procesados o denunciados por haber participado en delitos de lesa humanidad puedan ser candidatos en la provincia de Santa Fe ordenando al Tribunal Electoral no oficializar dichas candidaturas.
A la aprobación del texto, el cuerpo llegó tras largos debates en comisiones y teniendo bajo análisis tres proyectos con abundante documentación anexada por sus autores. En el asunto convergieron proyectos del justicialismo encabezados por Gerardo Rico; socialistas con Lucrecia Aranda como iniciadora y los también oficialistas Alicia Gutiérrez, José Tessa y Antonio Riestra.
El justicialismo apuntaba en su proyecto a impedir candidaturas de todos aquellos partícipes en cualquier grado de los delitos de violación a los derechos humanos. Los socialistas, en tanto, pretendían establecer que las listas tanto para cargos comunales, como municipales y provinciales "no estarán integradas por quienes se encuentren condenados o procesados, con sentencia firme, por crímenes de lesa humanidad. Gutiérrez, en tanto, adjuntó a su proyecto los fundamentos jurídicos de José Manuel Benvenuti (actual decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL) sobre un proyecto de la senadora (MC) socialista Patricia Sandoz; un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales titulado "Documento sobre la regulación legal de la prohibición de acceder a la función pública de los autores de los actos de fuerza contra el sistema democrático'. También añadió doctrina del Comité de Derechos Humanos de la ONU y la versión taquigráfica de la discusión del tema en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Nación.
La propia Gutiérrez se presentó en el 2005 ante el Tribunal Electoral para impugnar la candidatura a presidente comunal de San José del Rincón de Mario Facino quien se encontraba detenido por su actuación en la etapa de la dictadura. En ese momento, el Tribunal Electoral presidido por Rafael Gutiérrez le dio la razón y excluyó al denunciado de la lista. El último jueves la diputada oficialista dijo que uno de los objetivos es prevenir ese tipo de situaciones.
El proyecto votado y girado en revisión al Senado tiene dos artículos el primero de los cuales especifica que las listas para las elecciones provinciales, municipales, comunales y convencionales constituyentes "no estarán integradas por quienes se encuentren condenados o procesados, con resolución firme, por crímenes de lesa humanidad, cualquiera sea el sistema electoral que se aplique". La inhabilitación se extiende a los imputados "con pruebas suficientes'. El segundo artículo ordena al Tribunal Electoral no oficializar listas con candidatos que se encuentran comprendidos en el primero.