EDITORIAL

Comercio, normas y espacio urbano

Una de las medidas más correctas que tomó la actual administración municipal fue la de ponerle coto a la actividad ilegal practicada por los llamados vendedores ambulantes. El hecho merece destacarse porque, con anterioridad, sucesivas gestiones municipales habían sido renuentes a intervenir en este delicado tema.

En efecto, los reclamos de los comerciantes formales no eran escuchados o eran escuchados a medias. En general, se invocaba a la pobreza como causal de tolerancia. Así, los vendedores ambulantes se convirtieron en puestos fijos en Parque Alberdi con extensiones móviles en la peatonal, bocas de expendio de mercaderías de origen oscuro, provistas por empresarios en las sombras que, además de competir con deslealtad, eludían el pago de impuestos. En suma, un combo de ilicitudes arropado con el argumento de las necesidades sociales.

Hoy, el problema está en vías de resolverse, aunque importa advertir que en la peatonal -después de determinada hora- numerosos vendedores se instalan con sus bártulos ofreciendo su mercadería a la gente que transitaba por el lugar. La advertencia vale porque la experiencia enseña que esta suerte de “tímida” invasión puede derivar en una progresiva ocupación de calle San Martín.

Como se dijo, quienes defienden estas actividades ilegales invocan la pobreza y la desocupación. Al respecto hay que decir que distintas propuestas alternativas fueron sistemáticamente resistidas por sus presuntos beneficiarios, detrás de los cuales se sabe que hay empresarios inescrupulosos que se valen de la necesidad de la gente para obtener ganancias significativas al margen de la ley.

Como ya lo expresaran las organizaciones gremiales del comercio y la industria, consentir la proliferación de este comercio ilegal es consagrar la ruptura del principio de igualdad ante la ley. Los negocios que funcionan en los locales céntricos pagan impuestos, alquileres, servicios, sueldos, seguridad, mientras que en la vereda alguien se instala vendiendo el mismo producto liberado de todo compromiso legal.

Desde el punto de vista urbanístico, la invasión de los vendedores ambulantes en las calles del centro constituye un factor de degradación, corrupción y, en muchos casos, de violencia. El espejo para mirarse son ciudades como Córdoba, Tucumán y la propia Capital Federal, cuyos centros históricos se han convertido en verdaderos arrabales porque los negocios decentes fueron desplazados por esta marea de situaciones fácticas.

No es justo que firmas comerciales que durante años han trabajado con tesón para ganarse un lugar en el mercado terminen desplazadas de esta manera.

La Municipalidad debe tomar las medidas pertinentes, pero su acción no será efectiva si la ciudadanía en general no defiende la vigencia de la ley y el espacio público como factores determinantes de una vida civilizada.