EDITORIAL
EDITORIAL
La sociedad frente a una crisis general
En las sociedades democráticas, los ciclos de depresión suelen alternarse con los de expansión. La crisis, entendida como una “situación crítica” del orden económico, es un componente estructural de las sociedades modernas. No hay sistema social sin crisis. Por la propia dinámica de la economía capitalista, por la condición humana del mundo moderno, por los hechos imprevisibles de las sociedades de masas, las crisis son recurrentes. Las diferencias entre sociedades se manifiestan en los instrumentos que se emplean para resolverlas.
Según la experiencia acumulada, en las sociedades democráticas modernas las vicisitudes se resuelven con decisión política y un alto nivel de consenso. El diálogo, el acuerdo, siempre son valiosos porque privilegian la soluciones pacíficas y descartan las salidas violentas o catastróficas. En tiempos de crisis, de turbulencias sociales y económicas, los acuerdos son indispensables factores para superarlas.
En una situación difícil, la exasperación es el peor remedio. La pretensión de imponer salidas a contramano de los sentimientos de las mayorías o del funcionamiento real del orden establecido, cuesta caro. El consenso, la serenidad, son actitudes necesarias para salir de las crisis con los menores costos posibles. Las alternativas revolucionarias de derecha o de izquierda no constituyen vías eficaces de salida porque en el camino provocan inenarrables sufrimientos a las sociedades.
En consecuencia, si bien es legítimo que las organizaciones sindicales defiendan con decisión las fuentes laborales de sus representados y sus propios ingresos, es necesario advertir que las exigencias extravagantes ante los empleadores conspiran contra la búsqueda de soluciones racionales.
En este sentido, la exigencia de una doble o triple indemnización por despido no sólo que va más allá de las leyes laborales vigentes y a contramano de la realidad económica, sino que exalta los ánimos en vez de apaciguarlos.
Es importante que el Estado se preocupe por proteger a los sectores más débiles de la sociedad de los efectos a veces devastadores de la crisis, pero funcionarios y políticos deben saber que los paliativos que se apliquen deben ser sostenibles y tener una base de consenso que garantice su efectivo cumplimiento. No se debe perder de vista que la mejor garantía del pleno empleo y los buenos salarios es una economía sana y en desarrollo.
Las negociaciones del Estado con las empresas o con el propio movimiento obrero organizado tienen un límite que lo da el funcionamiento real de la economía. Si las empresas no venden, si el mercado se achica, la participación activa del Estado como dinamizador de las actividades es una receta probada. Si todo se hunde, las reducciones horarios y, por último, los despidos, serán inevitables. Una vez más, la crisis reclama respuestas concertadas entre los distintos sectores.