Para Unasur la matanza de Pando es un delito de lesa humanidad
El coordinador de la misión de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), el argentino Rodolfo Mattarollo, entregó al presidente boliviano, Evo Morales, el informe de los sucesos ocurridos en la región amazónica de Pando el 11 de septiembre pasado.
Foto: AGENCIA AFP
Mientras la oposición rechazó el informe de Unasur, Evo Morales prometió impulsar una “revolución” judicial.
Télam-AFP-EFE
La Comisión Especial de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) entregó al presidente de Bolivia, Evo Morales, su informe final sobre la “masacre” del 11 de septiembre en Pando, en el que afirma que se trató de un crimen de “lesa humanidad” promovido por el aparato estatal de ese departamento (provincia).
El informe, cuyas principales conclusiones fueron leídas ayer por la mañana en el Palacio Quemado, sede del gobierno, por el titular de la comisión, el jurista argentino Rodolfo Mattarollo, sostiene que las víctimas fueron objeto de “ejecuciones sumarias o extra legales” y constituían “población civil”, por lo que “se cometieron múltiples asesinatos”, lo que “configura un crimen de lesa humanidad”.
“Aun cuando hubo personas que actuaron particularmente, los agresores de los campesinos lo hicieron en forma organizada; respondían, según algunos testimonios, a una cadena de mando, y contaban con funcionarios y bienes del gobierno departamental al servicio de la empresa criminal”, dice otra conclusión del informe, que precisa el asesinato de por lo menos 20 campesinos.
La definición de delito de “lesa humanidad”, según las normas jurídicas internacionales vigentes, alude a crímenes cometidos con participación de organismos o funcionarios del Estado y le otorga el carácter de “imprescriptibles”.
El informe fue leído por el titular de la Comisión Especial de la Unasur tras mostrar un video que resume las acciones violentas contra campesinos que marchaban para defender las oficinas del Instituto de la Reforma Agraria (Inra) de Cobija, capital de Pando, ocupadas por dirigentes cívicos y autoridades provinciales opositoras al gobierno del presidente Morales.
En las conclusiones, citadas por la estatal Agencia Boliviana de Información (ABI) y la red Erbol, vinculada con sectores de la Iglesia Católica, se señala también que estos crímenes deben ser juzgados en “la Justicia ordinaria” y no en un “proceso de responsabilidades”.
Por el contrario, la defensa del detenido prefecto (gobernador) pandino, Leopoldo Fernández, acusado de esta “masacre”, tal como la define la comisión de la Unasur, sostiene que corresponde un juicio de responsabilidad.
Esta cuestión, eje del actual debate legal y político, supone, en el mejor de los casos, según recordó una fuente de la Asamblea por los Derechos Humanos de Bolivia, “un prolongado diferimiento del juicio, tal como ocurre aún hoy, cinco años después de su renuncia, con el fugado ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, refugiado en Miami”.
La sexta conclusión del informe es que “hay testimonios y evidencias suficientes para calificar de tortura en unos casos, y como tratos crueles, inhumanos y degradantes en otros, el trato recibido por numerosos campesinos detenidos por elementos estatales y paraestatales”.
Rechazo de opositores
En tanto, senadores de la oposición boliviana rechazaron por “parcializado” el informe de la Unasur.
El senador del opositor partido Poder Democrático y Social (Podemos), Roger Pinto, afirmó que el informe presentado “fue escrito a la medida de lo que quería el gobierno” del presidente Evo Morales, informó la agencia noticiosa italiana Ansa.
El senador aseveró que el reporte “hace creer al mundo, de manera engañosa, que fue la prefectura (de Pando) la que organizó todo y no muestra que el gobierno fue el que alimentó todo”.
Por su parte, el senador Paulo Bravo, representante del departamento de Pando y también de Podemos, afirmó que “ese informe es totalmente parcializado y no nos sorprende por la forma en que se lo hizo”.
Bravo dijo haber sido testigo de algunas entrevistas de la comisión investigadora de Unasur con habitantes de Pando que se refugiaron en Brasil tras el estado de sitio que dictó el gobierno, luego de los asesinatos del 11 de septiembre.
“Fuimos testigos de que Mattarollo sólo le preguntaba a la gente: “¿Usted a quién disparó?’, de manera prepotente y sin admitir ninguna otra explicación sobre los hechos”, afirmó el legislador.
“Revolución” judicial
El informe que entregó Mattarollo al presidente de Bolivia motivó la promesa de Morales de impulsar una “revolución” en el Poder Judicial, tras acusar a jueces y fiscales de responder “sólo a sus intereses políticos y económicos”.
Mientras el presidente hacía esos anuncios en La Paz, se realizaba una reunión de autoridades del Poder Judicial en el departamento de Beni, gobernado, igual que Pando, Santa Cruz y Tarija (la llamada Media Luna), por opositores al mandatario indígena de Bolivia.
En esa reunión, el titular de la Corte Suprema, Walter Fernández, criticó, citado por la agencia noticiosa italiana Ansa, “la actitud soberbia e irracional del gobierno por alentar la violencia antes que el diálogo para solucionar los graves problemas que aquejan al país”.
