10 de diciembre de 1983-10 de diciembre de 2008

25 años en democracia: un balance de cara al futuro

La democracia se ha consolidado como opción política de los argentinos y ha logrado indudables avances en materia institucional. Aún así, la participación ciudadana, el progreso social, el federalismo y la transparencia son las principales deudas pendientes. El análisis en profundidad de Benvenutti, Hernández, Andino, Díaz Frers y Fraga.

 

Emerio Agretti - Nancy Balza

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El principal logro de estos 25 años de democracia es, a priori, el hecho de haberlos cumplido. La aparente obviedad no puede ocultar la trascendencia de la conmemoración, y todo lo que implica poder celebrarla. Si la recuperación de la democracia fue una gesta, su sostenimiento es sin duda una epopeya, en un devenir que ni siquiera eludió la tragedia, pero que siguió adelante, atravesándola.

Este reconocimiento colectivo, aunque lo incluye, está muy encima de lo emocional o del idealismo romántico, para asumir su condición de logro institucional histórico. Desde ese punto de partida, a la vez, se produjeron nuevos avances -algunos, verdaderos “saltos” de calidad- , pero también hubo retrocesos y quedaron en el camino cuestiones esenciales.

“En 1983 se produce un quiebre, una clara ruptura con el pasado; una especie de bisagra histórica. La democracia es asumida como valor, con fuerte impronta moral”, subraya José Manuel Benvenutti, tras recordar que, en el mismo año, se produjeron otras recordaciones emblemáticas, como el 90 aniversario de la reforma universitaria, y, en este mismo 10 de diciembre, los 60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

“Es la superación -que pensamos definitiva-, del ciclo anterior caracterizado por los golpes de estado, como signo de nuestra decadencia político-institucional”, coincide Antonio María Hernández.

Del entusiasmo a la reflexión

El historiador Mario Andino recuerda las del 83 como “jornadas de entusiasmo”, en las que “las tribunas y micrófonos se llenaban de voces prometedoras y se congregaban auditorios que asombraban por su masividad, con miles de cabezas y corazones sobre los que aleteaba un ánimo esperanzado, mientras retornaban al país intelectuales exiliados, y los artistas prohibidos recuperaban su libertad de expresión”.

Andino recuerda que “en las salas de cine se presentaba el documental “La República Perdida”, con guión de Luis Gregorich, donde se reseñaba con emoción la historia nacional contemporánea, articulada sobre una tesis: los sectores privilegiados de la sociedad, identificados con la tradicional oligarquía liberal agroexportadora, habían sido derrotados por el ascenso democrático de Yrigoyen y Perón, sentando las bases de la verdadera república de los argentinos, con el gobierno de las mayorías, expresadas libremente en las urnas. Siguiendo el relato, los oscuros intereses antipopulares apoyados por las Fuerzas Armadas, habían arrebatado la república de las manos del pueblo. Sucesivos gobiernos de facto culminaron su tarea con el más sangriento de todos: el del Proceso de Reorganización Nacional, detrás del que se reiteraban los apellidos del antiguo linaje antidemocrático y antinacional.

“Por cierto que era una visión esquemática, como todo intento de síntesis de un proceso complejo, pero bien vale la pena recordarla como expresión de las ideas que muchos compartían (y comparten) sobre la democracia. Es la noción de que hubo dos Argentinas: una mayoritaria luchando por sus derechos y libertades, otra negándolos; una apoyando la república democrática, otra recurriendo al control autoritario para salvaguardar sus intereses”, sostiene.

De los derechos a los conflictos

Benvenutti evalúa, a la distancia, que “el preámbulo constitucional -a partir de la decisión del entonces candidato Dr. Raúl Alfonsín, de concluir sus intervenciones públicas “recitando” sus objetivos (cuya realización dependía precisamente del cumplimiento de la Constitución Nacional)- es asumido por la ciudadanía como una especie de rezo laico: la Carta Constitucional elevada a la categoría de verdadero best seller y, paradójicamente, prontamente olvidada.

 

 

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EN NÚMEROS

70 %

de los recursos

provenientes de impuestos quedan hoy en manos de la Nación, a pesar de que en los “90 se completó la transferencia de los servicios de educación y salud a las provincias. En 1988 por ley 23.548, el gobierno nacional retenía el 42,34% y el restante 57,66% se distribuía entre las provincias.

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La reforma constitucional de 1994 tuvo un fuerte sustrato político y significó un hito para las instituciones de la República.

Foto: archivo el litoral

 

“Es que la aspiración alberdiana que se constituyera en una verdadera carta de navegación para guiar los destinos del país, está lejos aún de concretarse. Las prácticas, los hábitos, las actitudes, la acercan más a una simple “hoja de papel”, en la recordada expresión de Lasalle”.

Y es que esa separación maniquea que campeaba en las manifestaciones sociales y culturales de la época, dice Andino, merece una revisión desde la memoria. “Los conflictos sociales e ideológicos muestran que no es tan simple separar las aguas: fue durante gobiernos democráticos de partidos mayoritarios que se fusilaron obreros en la Patagonia, en los años 20, y se creó la exterminadora Triple A, en los 70. Fue también en estos períodos donde se apalearon obreros disidentes en sindicatos oficialistas, se cerraron diarios opositores, se extendió la corrupción de funcionarios sin que pueda controlarlos el mismo pueblo que los eligió, y abiertamente se incumplieron normas para acrecentar el poder.

“Radicales, peronistas, socialistas, demócratas, independientes, católicos y agnósticos, ricos y pobres, prestaron consenso por acción u omisión a golpes militares y gobiernos de facto, por creer que eran la solución o alternativa válida para proteger intereses económicos, liberarse de un dictador o de un inoperante, iniciar un cambio sin corruptos o terminar con la violencia en las calles”, recuerda.

De la discordia al acuerdo

Al respecto, Hernández apunta que “uno de los problemas centrales que tenemos, como lo señalara con agudeza Joaquín V. González en su Juicio del Siglo, publicado el 25 de mayo de 1910, fue y es que la “ley de la discordia interna” que otros popularizaron como la Ley del Odio- ha signado nuestro acontecer político e institucional. Y ello explica la trascendencia de los acuerdos y consensos alcanzados para posibilitar estas modificaciones de las leyes supremas, que han colocado al derecho argentino en un lugar de privilegio en el derecho constitucional, federal y municipal, comparados a nivel global”.

“En estos 25 años pudimos ejercitar política arquitectónica cuya quintaesencia es la política constitucional-, para producir un notable avance y modernización de nuestro derecho público, a través de la reforma de la Constitución Nacional y de la gran mayoría de las Constituciones Provinciales, a lo que debe sumarse la sanción de más de 115 Cartas Orgánicas Municipales”, subraya.

Pero ninguno de los pensadores consultados omite la fuerte impronta personalista que perjudicó los esfuerzos por construir una verdadera república. “El mito del guerrero salvador o providencial estuvo entre nosotros mucho

 
 

35 %

de la población

se concentra en el área metropolitana de Buenos Aires: algo menos del 1 % del territorio nacional.

109

es el puesto

que nuestro país ocupa en el Índice de Corrupción, presentado este año en Berlín, sobre un total de 180 clasificados. Ocupa el 7mo. lugar en Latinoamérica con mayor percepción de corrupción.

más arraigado de lo que se suele reconocer, y no sólo en boca de privilegiados sectarios sino también en “doña Rosa” charlando en el almacén (ahora en la dietética)”, ironiza Andino.

Y agrega que “tampoco en los radicalizados jóvenes de los años 60 y 70, hoy exaltados como luchadores de la justicia y la libertad, predominaba un espíritu democrático. La república era, en términos de las doctrinas revolucionarias tercermundistas, un orden liberal impuesto por la burguesía explotadora al servicio del imperialismo yanqui, supuesto bajo el cual, la lucha contra la dictadura militar constituía un camino para forjar conciencia popular de transformación hacia un nuevo orden, mientras que la salida electoral era una “trampa” para cambiar nombres en el poder. Al menos eso parecían pensar quienes acribillaron al líder de la CGT, poco después de haber sido electo Perón en setiembre de 1973; para dar sólo un ejemplo”.

Presidencialismo y garantías

Marchas y contramarchas, entonces, signan el camino de la República. “El presidencialismo hipertrofiado primordialmente y la constante declinación del federalismo han conspirado, conspiran, para su efectiva vigencia”, dice Benvenutti. “El ejemplar juicio a las juntas militares, impulsado por el entonces presidente Dr. Alfonsín, cumpliendo el compromiso asumido en la campaña electoral, el “nunca más’, la “verdad y justicia’ y el camino allanado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para posibilitarlos, merecen un especial reconocimiento. Marchas y contramarchas, pero para arribar hoy, a un punto de no retorno”, sostiene.

El mérito de haber alcanzado este punto se potencia a la luz de los inconvenientes latentes, tomando en cuenta que, como dice Andino, “no hay una tradición democrática en Argentina. Los desequilibrios sociales, los conflictos ideológicos y el subdesarrollo de estructuras económicas, no posibilitaron instituciones con plena vigencia ni pueblo convencido de la validez del orden constitucional como marco adecuado para resolver problemas”.

Benvenutti rescata como un hito fundamental, más allá del contexto político en que se produjo, “la reforma constitucional de 1994, producto de la Asamblea más representativa y plural de nuestra historia político-institucional, sin proscripción alguna -lo que posibilitó la presencia de 18 bloques políticos-”, donde “mujeres y hombres sesionaron en un clima de tolerancia, intercambio de opiniones y argumentación racional.

“La reforma confirió jerarquía constitucional a los tratados en materia de derechos humanos, (art. 75.22). Incorporó los “Nuevos Derechos y Garantías”, el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento para le selección y remoción de magistrados de los tribunales inferiores; los órganos de control, el Ministerio Público, la autonomía municipal, la posibilidad de las provincias de crear regiones, entre otras cuestiones”, resaltó.

A la vez, hizo notar que “la jerarquía constitucional de los tratados y convenciones sobre derechos humanos y las posibilidades que se abrieron, conmocionó al Derecho Público; ensanchando la tutela jurisdiccional de los derechos. A la tradicional cláusula de la prosperidad (art. 75.18), se sumó la del desarrollo económico-social con justicia (art. 75.19), que ha ampliado notablemente el techo ideológico-político de la Carta Constitucional. En tal sentido, la Corte Federal en su actual integración, ha recuperado espacio institucional, afirmando valores fundamentales y operatividad de los derechos con amplitud y sensatez.”

Con todo, Hernández asume que “estos méritos incuestionables no pudieron impedir que a los 25 años de la gesta maravillosa de 1983, exista un reclamo angustioso de elevar decididamente la calidad de nuestra democracia, ante la magnitud de los actuales problemas institucionales, políticos y sociales”. Un reclamo que, lejos de desmerecer lo alcanzado, lo plantea como un nuevo y mejor punto de partida, para una meta que nunca podrá ser definitiva.

25 años en democracia:

Las violentas manifestaciones de 2001 pusieron a prueba la organización del Estado, a las mismas puertas de los tres poderes que lo componen.

Foto: archivo el litoral

25 años en democracia:

Raúl Alfonsín encabeza la caravana de la victoria, de una democracia apenas renacida y todavía frágil.

Foto: ARCHIVO EL LITORAL