///

análisis

En deuda con la Constitución

Luciana Díaz Frers (*)

La centralización de recursos en el nivel nacional es el resultado natural del sistema político argentino, que promueve este tipo de soluciones.

El gobierno nacional ha actuado bajo la premisa de que, si el Poder Ejecutivo Nacional es fuerte y concentra los recursos económicos, será el único capaz de gobernar la Argentina. Subyace la creencia de que, si cambiara el balance de poder a favor de las provincias, no se tardaría en volver a enfrentar nuevas crisis políticas como las de 1989 ó 2001.

Si bien esta premisa es cuestionable, debe admitirse que la Argentina no ha encontrado una fórmula de distribución más equitativa del poder que permita encontrar soluciones sin crisis cuando hay un cambio en las fuerzas relativas de los distintos poderes.

A 25 años del regreso de la democracia, el país necesita construir las instituciones propias de un estadio de madurez política que permita la convivencia pacífica y los debates.

Entre otros aspectos, esto permitiría que se superasen muchos de los problemas fundacionales del Estado argentino, tales como las relaciones entre la Nación y las provincias. Urge para ello la definición de un sistema de reparto que contemple las responsabilidades y atribuciones de cada nivel de gobierno, tal como nuestro incumplido mandato constitucional.

(*) Fragmento de un documento elaborado por Cippec.

www.cippec.org/nuevo/biblioteca