EDITORIAL

Otra polémica por la Justicia

Un crítico documento del Colegio de Abogados de Santa Fe volvió a poner sobre el tapete los crónicos problemas que aquejan a la Justicia provincial, las responsabilidades que esa situación entraña y la necesidad de asumirlas de manera cabal y coordinada. A tal efecto, los letrados avalan algunas de las cuestiones y planteos habituales desde el poder político o los propios magistrados, pero también ponen el dedo en la llaga de algunas falencias que el discurso público tiende a soslayar.

Así, comienzan por asumir la escasez de juzgados y del propio plantel del Poder Judicial, y considerar insuficiente el segmento presupuestario destinado al servicio. Se trata de una cuestión que la Corte Suprema manifiesta año a año, cada vez que eleva al Poder Ejecutivo sus pretensiones para el siguiente período, y que desde el propio gobierno se suele reconocer, aunque sujetándola a las posibilidades de la administración.

Al respecto, debe apuntarse que para 2009 se previó un incremento del plantel judicial, tendiente a cubrir en parte las previsiones de la reforma penal en ciernes, y también por vía indirecta, a través del Ministerio de Justicia, de las inversiones de infraestructura requerida. En cualquier caso, las insuficiencias son de largo arrastre y, por lo demás, el presupuesto para el año próximo quedó sumido en la incertidumbre, por la falta de sanción legislativa y las inciertas perspectivas de la economía.

Los abogados insisten, por otra parte, con las demoras del Consejo de la Magistratura para la cobertura de vacantes -en todo el año se nombró a un solo juez, y no sin controversia-, que las justificaciones oficiales, aludiendo al salto cualitativo del procedimiento y las promesas de futura aceleración, no alcanzan a responder.

El otro aspecto al que apuntan los abogados ha merecido la atención pública en otras oportunidades, pero mantiene vigencia. Y es el factor humano: la escasa dedicación de muchos magistrados y funcionarios, que no sólo retacean la presencia en sus oficinas, sino que destinan mucho de su tiempo a actividades ajenas a sus tareas.

Esta cuestión merece algunas puntualizaciones. Por un lado, está la actividad académica, que no sólo es irreprochable sino hasta complementaria, en la medida en que no obstaculice la función específica; y a la que la Corte ha encauzado al prohibir la superposición horaria. Más difícil de justificar es la intensa participación de muchos jueces en instituciones sociales o deportivas, cuando no se compatibiliza con la atención de sus despachos.

De todos modos, sería un error restringir la evaluación de un juez, cuya producción es de corte intelectual, al mero cumplimiento de horarios, aun cuando no es desatinado tomar esto como un indicador más. En todo caso, un minucioso seguimiento de su trabajo y de los plazos empleados -tarea que lleva a cabo la Corte- es la mejor herramienta para responder críticas, mejorar el desenvolvimiento y hacerse cargo de la contribución a la excelencia que se suele demandar a otros estamentos.