Temas pendientes
Guillermo Villarreal
DyN
La Iglesia y el Gobierno lograron durante 2008 recomponer en cierto modo la tensa relación bilateral, aunque todavía quedan temas pendientes por resolver como el futuro del obispado castrense, cuyo status la Casa Rosada intenta modificar. Sin embargo, los pasos dados el año pasado en pos de un mejor diálogo, sobre todo entre la presidenta Cristina Fernández y el cardenal Jorge Bergoglio, pueden desandarse si los obispos mantienen sus advertencias de los últimos meses por el agravamiento de la cuestión social, que tanto irritan al matrimonio presidencial. Es que los referentes eclesiásticos coincidieron en criticar, en sus mensajes de Navidad, “la falta de un programa de contención social” gubernamental ante el crecimiento de las situaciones de pobreza, y el aumento de despidos y suspensiones derivados de la crisis financiera global.
El escenario puede enrarecerse todavía más si la Corte Suprema resuelve en febrero, en un caso puntual, que la tenencia de drogas para consumo personal no debe ser sancionada penalmente, decisión que abriría un antecedente en la jurisprudencia como aspira el gobierno y contrastaría con el “total rechazo” de la Iglesia. A esto, hay que sumarle el “malhumor” de empresarios ligados al kirchnerismo que, tocados en sus intereses, repudiaron la intromisión de la Iglesia para frenar la negociación por la ampliación del negocio del juego en Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, y prometieron “represalias”. En este contexto, allegados al gobierno siguen presionando al Vaticano -pese a la negativa de la presidenta- para que designe en algún cargo de la Santa Sede a Bergoglio, a quien consideran el “líder moral” de la oposición y quieren tener “bien lejos” de Buenos Aires en un año de elecciones legislativas clave.
Justo cuando, además, desde la Comisión Episcopal de Pastoral Social, a cargo del obispo Jorge Casaretto, se impulsa una mayor participación de los laicos católicos en estructuras partidarias y se alienta a que los argentinos en general se conviertan de habitantes a ciudadanos. O bien cuando a través de un foro multisectorial se propician proyectos de ley sobre reforma política, reducción del trabajo en negro y de un programa agropecuario integral. Más allá de las especulaciones de cara al año que se inicia, 2008 permitió al gobierno reencaminar la relación con la Iglesia, tanto con el Episcopado argentino como con el Vaticano.
Los vínculos parecían irreconciliables desde marzo de 2005 tras el episodio por el obispado castrense y agravados este año por el rechazo tácito de la nominación de Alberto Iribarne como embajador ante la Santa Sede, por su condición de divorciado en nueva unión. Las negociaciones obligaron a arduas gestiones tanto en Roma como en Buenos Aires, con “varios gestos” y cambios de estrategias que recién llevaron a destrabar el conflicto en septiembre cuando el Vaticano aceptó en tiempo récord el plácet de Juan Pablo Cafiero para ocupar la sede diplomática papal. El primero de esos gestos fue una visita al país del “canciller” del Vaticano, monseñor Dominique Mamberti, a quien se logró convencer de la “desprolijidad” que significaba crear la diócesis de Tierra del Fuego, excluyendo a las Islas Malvinas de esa jurisdicción eclesiástica. Idea que la Santa Sede desestimó poco después. A ese antecedente, se sumó que Iribarne declinó mediante una carta a la presidenta su postulación como embajador y despejó el camino para designar a otro candidato, en ese caso Cafiero, quien tiene ahora como mandato insistir en la eliminación del obispado castrense -posibilidad que Roma rechaza de plano- o al menos retrotraer el acuerdo bilateral a 1992, cuando se elevó esa jurisdicción eclesiástica de vicariato a obispado. El embajador consideró de antemano que debe revisarse la existencia del obispado castrense porque está constituido sobre cartas reversales “endebles” en términos jurídicos y de “cuestionable validez”, por no contar con aprobación parlamentaria. El argumento de Cafiero podría ser la llave para una solución consensuada, pero requiere paralelamente modificar otras cuestiones como quitar el rango militar a los capellanes y permitir el ingreso a los cuarteles de rabinos y pastores, hasta ahora vedado. Y hasta eliminar la cláusula vigente que obliga al gobierno a refrendar la designación de obispos.
