Caso Brusa
Prorrogaron por un año la prisión a represores
Los conjueces del Tribunal Oral Federal de Santa Fe extendieron la prisión preventiva para seis de los imputados de la causa represión, que ya superan los 4 años tras las rejas. Uno de los conjueces presentó su renuncia en diciembre.
De la Redacción de El Litoral
El Tribunal Oral Federal de Santa Fe prorrogó por un año más la prisión preventiva para seis de los siete imputados en la causa en la que se investigan delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar. De este modo, el ex juez federal Víctor Hermes Brusa; y los ex policías, Eduardo Ramos y María Eva Aebi, continuarán detenidos en cárceles de la provincia. Asimismo, Héctor Colombini, Juan Calixto Perizzotti y Mario Facino, seguirán bajo el régimen de prisión domiciliaria.
La decisión tomada por los conjueces Andrea Alberto de Creus, Carlos Renna y Martín Gutiérrez responde a un pedido de la Fiscalía federal, a cargo de Gonzalo Armas y Mauricio Viera. Ambos pidieron “sea prorrogada por un año más”, atendiendo a una serie de cuestiones como “la complejidad del proceso”, “los delitos atribuidos” a los imputados y el consabido “peligro de fuga” y posible entorpecimiento del caso a poco de entrar en la etapa de debate.
A los argumentos esgrimidos por los fiscales se le opusieron los de los defensores oficiales de los acusados, que postulan la vulneración de tratados internacionales, así como el elemental “principio de inocencia” que rige para el ordenamiento legal de nuestro país.
Un año más
Sin embargo, los conjueces hicieron caso omiso a lo planteado por las defensas y se inclinaron por preservar los intereses propios de la causa, que espera con demora que se fije la fecha de comienzo del juicio oral y público.
“Se tiene especialmente en cuenta la gravedad de los hechos imputados” redactó el tribunal, que recordó que se trata de delitos de “lesa humanidad”.
Además, basaron sus razonamientos en la “complejidad de la causa”, que a esta altura “lleva más de 8.300 fojas (en 42 cuerpos)”, así como “cientos de diligencias informativas requeridas por las partes”, entre otras cuestiones.
Otro ítem que hicieron valer fue la cercanía de la audiencia de debate, que “no es una circunstancia irrelevante para evaluar la pertinencia del encierro cautelar” de los acusados.
Disconforme con la medida adoptada por el tribunal, la defensora oficial de Ramos y Facino, la Dra. Judit Didier, presentó el viernes pasado un escrito en el que impugna la participación del conjuez Martín Gutiérrez como miembro del tribunal.
Ocurre que el magistrado se había excusado en diciembre para que lo apartaran del juicio, aduciendo “violencia moral y psíquica” de parte del Poder Ejecutivo nacional. Gutiérrez denunció en su excusación lo que él considera intromisiones del Poder Ejecutivo Nacional en el funcionamiento de la Justicia Federal (ver aparte).
De ahora en más será la Cámara de Casación la encargada de resolver si Gutiérrez debe quedarse en su cargo. De lo contrario, será también la responsable de arbitrar los medios para que su cargo sea cubierto.
