EDITORIAL

Abusos en el uso de los bienes públicos

Se sabe que cuando la presidente de la Nación estaba en España desde la Residencia de Olivos se ordenó que no se le habilitara el avión presidencial a Cleto Cobos. El vicepresidente en ejercicio de la presidencia había decidido viajar a Tartagal para brindar solidaridad a las víctimas de la inundación. Durante unas horas estuvo en el aeropuerto esperando la llegada de un avión que nunca llegó.

La decisión no la tomó la titular del Poder Ejecutivo, sino su esposo, motivo por el cual algunos juristas consideraron que le correspondía una querella por usurpación de cargo público. La figura parece algo exagerada, sobre todo en este país en el que nos hemos acostumbrado a la idea de que la presidencia de la Nación de hecho está ejercida indistintamente por un matrimonio, motivo por el cual se ha “normalizado” la idea de que el señor Néstor Kirchner puede intervenir en los trámites institucionales con el mismo derecho que la primera mandataria.

En estos días, la señora Cristina de Kirchner ordenó el retiro del cuerpo de Granaderos a Caballo en un acto en Yapeyú en homenaje a San Martín. El motivo: la presencia del Cobos en el acto. La decisión se enmarca en la conocida disputa entre Cobos y la presidente, una anomalía institucional a la que también nos hemos acostumbrado, anomalía que el gobierno nacional resuelve por el camino de renovadas irregularidades institucionales.

Lamentablemente, no terminan en este punto los excesos y abusos. En plena campaña electoral y en su carácter de presidente del Partido Justicialista, Kirchner arriba a la provincia de Salta trasladado por el avión de la presidencia. Lo mismo hizo para los actos proselitistas en José Paz y Avellaneda. En este caso no fue un avión, sino un helicóptero.

En realidad, el ex presidente hace en el orden nacional lo mismo que hiciera en su momento cuando era el mandamás en Santa Cruz. Ya en ese tiempo había sostenido una dura polémica con medios nacionales de comunicación por el uso y abuso del avión de la provincia en actividades proselitistas. También en este caso, el señor Kirchner consideraba que los bienes públicos eran de su pertenencia.

Periodistas y políticos opositores han advertido acerca del uso partidario que se hace de la Residencia de Olivos. El establecimiento está destinado para la familia de la primera mandataria, pero en las últimas semanas se ha transformado en una suerte de unidad básica del oficialismo, decisión absolutamente irregular porque esa residencia está sostenida por los aportes de todos los ciudadanos.

En definitiva, el gobierno nacional sigue confundiendo deliberadamente los espacios públicos y privados, los ámbitos partidarios y los ámbitos institucionales. Esto no es nuevo en la Argentina, pero en los últimos meses se ha exacerbado. Lo peor de todo es que amplios sectores de la sociedad se han habituado a ello y por esa senda queda claro que se hace muy difícil, por no decir imposible, cumplir con las metas de calidad institucional prometidas incluso por el propio oficialismo.