Agenda cargada: secuestros, robos y hechos violentos.
Seguridad: Cuenca defendió su gestión ante el Senado
Los senadores del PJ reclamaron más resultados al ministro. Dudas sobre el número de secuestros en nuestra zona. El problema del descrédito sobre la fuerza ante casos de este tipo. La seguridad como un problema social. Coincidencias sobre la necesidad de que la participación y la prevención se impongan al miedo.
Sólo unos pocos senadores no asistieron a la reunión con el ministro Daniel Cuenca, en la Presidencia del cuerpo. A su lado, la vicegobernadora Griselda Tessio.
Foto: Mauricio Garín
Luis Rodrigo
Casi todos los senadores participaron de la reunión en la que el ministro de Seguridad Daniel Cuenca dio explicaciones sobre la marcha de su gestión, de los -según sus palabras- “graves casos” de secuestros extorsivos y privación ilegítima de la libertad en nuestra zona, respecto de la muerte de un manifestante en un choque violento de patotas gremiales de Atilra y de las políticas de fondo que -como definición general- no consideran a la seguridad como un problema exclusivamente policial.
Salvo por cuatro miembros de la bancada del mayoritario bloque del PJ, el encuentro tuvo asistencia perfecta: el clima de la reunión fue calmo, y aunque hubo diferencias entre el funcionario y los senadores justicialistas nunca se perdió la perspectiva de considerar al combate contra el delito -y a la inseguridad en general- como un problema que requiere el concurso de todos los sectores.
El ministro Cuenca llegó a las 10.30 y se retiró pasadas las 13 de ayer de la Cámara alta. Lo acompañó el secretario de Seguridad Pública Carlos Iparraguirre y la vicegobernadora Griselda Tessio presidió el encuentro.
¿Tres o cinco?
Juan Carlos Mercier (PJ-La Capital) dijo que es “vox populi” que los secuestros son 5 en lugar de los 2 admitidos por el gobierno.
“No me consta fehacientemente pero hemos tenidos 5 delitos de secuestros: 3 en Santo Tomé, 1 en Arroyo Aguiar y 1 en Santa Fe, de los cuales la Justicia local está abocada al de Arroyo Aguiar y la Justicia federal al caso santotomesino, y de los otros tres aun no hay certeza de los datos que circulan”.
El ministro insistió en los dos casos comprobados y agregó que uno de ellos -igualmente “muy grave”- fue un caso de privación ilegítima de la libertad, no un secuestro extorsivo así planeado.
Cuenca desestimó la existencia de una banda o de una actividad organizada que esté operando en la zona. Puntualizó que siguen con atención y preocupación el tema y que ambos casos se encuentran en etapa de investigación, uno en el ámbito de la Justicia provincial y otro en el fuero federal.
El senador y el titular de Seguridad siguieron con el intercambio de información y opiniones a puertas cerradas, en el escritorio de la vicegobernadora. Allí Mercier le transmitió los datos que públicamente no pudo mencionar y hablan de 3 secuestros más que los 2 que admite el gobierno.
Sin denuncias
En los dos casos que el gobierno provincial reconoce, la policía actuó de oficio, sin que las víctimas de las extorsiones hayan pedido su auxilio. Mercier dijo que ese aspecto es “lo más grave de todo”.
“Uno debería preguntarse qué le esta pasando a los ciudadanos que no confía en las instituciones, por qué creen que no se los va a resolver, y esto realmente es alarmante porque si impunemente hay alguna banda que cuenta con el guiño operativo de las fuerzas policiales, el panorama que teníamos de las viejas rencillas resueltas a punta de pistola o arma blanca le empezamos a agregar este otro conflicto que es altamente peligroso”.
Otra vez, el ministro negó la existencia de complicidades policiales en estos casos y afirmó que “con los datos que tenemos no estamos ante una gran banda o una organización delictiva importante, eso sería un flagelo”.
“Hay un temor de la gente que es comprensible pero necesitamos que haya denuncias”, destacó.
Cuenca subrayó que uno de los ejes de su visión de la seguridad es recuperar la relación entre la sociedad y la policía, explicó que todas las instancias de participación tiene también esa finalidad (además de avanzar en la prevención) y reconoció que no se han logrado aún los resultados esperados.
Alarmas y regulaciones
El ministerio prepara un proyecto de ley que regule la instalación y el servicio de recepción de pedidos de auxilio por alarmas, sobre el que existe apenas una resolución ministerial de 1991, y en el marco de las agencias de seguridad privada.
Los responsables de la seguridad en la provincia dijeron que esos servicios se constituyen en una suerte de intermediarios entre las víctimas de los delitos y la policía, y advirtieron que debe haber regulaciones respecto de las calidades de los equipos y el registro de quienes desarrollan la actividad.
Otra vez los delitos en La Capital ocuparon la atención de la reunión. Mercier describió casos en los que los sistemas de alarmas habían sido desactivados y especuló con un crecimiento “en tecnología” de los delincuentes, además del número de delitos.
Cuenca afirmó que en el caso relatado hubo alguien que conocía las claves de la alarma y que en Santa Fe no hay bandas con más tecnología que la de los boqueteros.
Consultas internas
Cuenca habló de los proyectos de ley que requerirán “de la opinión y el consenso” del Legislativo. Describió un proceso de consultas “a la base” de la fuerza en lo que describió como “casi una paritaria” para profundizar la reforma policial que comenzó con la ley Nº 12.521 (de 2006) que aún no fue reglamentada “porque tiene aspectos que son imposibles de reglamentar”. Uno de sus fines es crear una Junta de Ascenso que se encargue de mecanismo de concursos. Anunció que el Ejecutivo enviará un mensaje a las Cámaras.
LA CLAVE
Presos en comisarías
Las autoridades de Seguridad lamentaron el rechazo que generó la posibilidad de construir penales en Rafaela y Villa Gobernador Gálvez. Los senadores del PJ preguntaron si se había avanzado en algo respecto de bajar el número de detenidos en comisarías (que resta hombres y recursos a la policía). En Santa Fe siguen 90 internos en esa situación.
ADEMÁS
Atilra, un muerto, y las órdenes
El presidente del bloque de senadores del PJ, Ricardo Spinozzi, reclamó saber qué órdenes y qué operativo de seguridad brindó la policía provincial el 3 de diciembre de 2008, cuando murió una persona en un enfrentamiento entre patotas gremiales de Atilra.
Spinozzi dijo que la orden había sido no intervenir y afirmó que al actuarse así, no se evitó el choque. Comparó la repercusión pública (escasa) de ese caso irreparable en Rosario con la alta exposición que en cambio tuvo -en su opinión- el de diciembre trágico, cuando sí se ordenó a la policía actuar.
El ministro Cuenca subrayó que en ese caso se brindó el operativo policial de cacheo de todos los manifestantes llegados desde fuera de esa ciudad y agregó: “Las balas eran de locales”, en obvia referencia a la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea de Rosario que había pedido la custodia policial. Destacó que el caso tiene un sospechoso detenido y que hubo una verdadera “balacera” que pudo resultar peor si la policía actuaba.
EN NÚMEROS
$18 millones
es el monto
presupuestado para la compra de uniformes (de verano e invierno) de la Policía. Para Cuenca, el uniforme “digno provisto por el Estado” a la fuerza es “parte de una definición ideológica”, que sostiene que cada trabajador debe contar con las herramientas necesarias para su profesión.
de banca en banca
Sin sesiones
No hubo sesiones de ambas las Cámaras. Diputados tiene aprobada una preferencia para el Presupuesto 2009 para dentro de dos reuniones. Con la que se perdió ayer se aplaza su tratamiento por lo menos hasta el 5 de marzo. En el Senado no había temas fuertes pendientes de tratamiento.
Tema convocante
Hubo 15 senadores. Del peronismo: Alcides Calvo (Castellanos), Juan Carlos Mercier (La Capital), Ricardo Spinozzi (Gral. López), Cristina Berra (San Martín), Alberto Crosetti (Caseros), Danilo Capitani (San Jerónimo), Hugo Puchetta (Vera), Ricardo Kauffman (Garay), y Norberto Betique (Iriondo). Del oficialismo: Juan Carlos Zabalza (Rosario), Héctor Aquino (Constitución) Eduardo Galaretto (San Lorenzo), Rodrigo Borla (San Justo), y Federico Pezz (Obligado). Y el radical Felipe Michlig (San Cristóbal).
Celular
“Tenés algún problema, algún tema en especial que te tenga ocupado por estas horas...”, deslizó Juan Carlos Zabalza al jefe del bloque del PJ -y reutemanista- Ricardo Spinozzi, cuyo celular no paraba de sonar (seguramente a raíz de las novedades políticas de la víspera), lo que lo obligaba a retirarse de a ratos. Rápido de reflejos, el también presidente del PJ respondió: “No, no, todo lo contrario”.
Huellas dactilares
El secretario de Seguridad Carlos Iparraguirre anunció que está presupuestado la incorporación de un programa de digitalización de huellas dactilares y la creación de un sistema provincial de inteligencia criminal, para centralizar en una base de datos integrando estadísticas e información hasta ahora dispersas en distintas dependencias y jurisdicciones policiales.
Costosa carpeta
El ingreso a los cursos y los institutos que preparan a los policías requieren de la presentación de una carpeta médica que no resuelven los hospitales públicos y en el ámbito privado cuesta no menos de $ 400. Cuenca admitió que hay una falencia del Estado y que debe crearse algún mecanismo que evite ese costo a los aspirantes.
Bomberos en la 1
El senador Ricardo Kaufmann dijo que la Ruta Nº 1 no tiene ningún cuerpo de bomberos y el ministro y el secretario de Seguridad justificaron la demora en crearlo porque no había aún recursos para atender sus erogaciones. El senador por Garay advirtió que era preferible primer constituir ese cuerpo y luego buscar los medios para su funcionamiento. Explicó que hay algunos equipos (alternativos a una autobomba) que pueden utilizarse.
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