Nuevamente procesado
Embargo millonario contra Menem
La defensa plantea el tema en términos de una “persecución político-judicial”.
Foto: AGENCIA EFE
DyN
El ex presidente Carlos Menem quedó procesado por “administración fraudulenta”, acusado de haber otorgado a la firma francesa Thales Spectrum, la concesión del espacio radioeléctrico argentino, con un supuesto perjuicio millonario al Estado.
El juez federal Norberto Oyarbide dictó el procesamiento por el delito de “administración fraudulenta”, que impone de dos a seis años de prisión. También trabó un embargo de 200 millones de pesos contra el senador nacional, quien ya está siendo enjuiciado por el tráfico ilegal de armas a Croacia y Ecuador. Al enterarse de la noticia, el abogado defensor, Omar Daer, dijo a DyN que se reuniría con Menem para analizar el procesamiento, pero afirmó que, una vez más, esta decisión responde a la “persecución político-judicial” que viene sufriendo el ex jefe de Estado.
Menem había presentado por escrito un descargo en el que se declaraba inocente de las acusaciones en su contra, en el marco de una causa en la que ya fueron procesados y están a la espera de juicio oral, varios de sus ex funcionarios. Entre ellos, figuran el ex secretario de Comunicaciones Germán Kammerath, Jorge Neuss, el abogado Juan Carlos Cassagne, y el ex interventor de la Comisión Nacional de Comunicaciones, Alberto Gabrielli.
La Justicia sospecha que hubo una gigantesca maniobra para defraudar al Estado: Carlos Menem concedió en 1997 la explotación del espacio radioeléctrico -por un lapso de 20 años- a la firma francesa Thales Spectrum. La empresa pasó a cobrar cánones por el uso de ese espacio, que hicieran la telefonía celular, los canales de televisión y las radios, pero el contrato fue rescindido en 2005 por el entonces presidente Néstor Kirchner, luego de que un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) señaló un posible perjuicio al Estado por unos 300 millones de dólares.
En abril de 2004 la Justicia argentina abrió una investigación judicial a partir de las declaraciones de Lionel Queudot, un directivo de la financiera suiza Finego, que dijo haber intervenido en el giro de sobornos al entonces gobierno argentino, por unos 25 millones de dólares.
La Oficina Anticorrupción obtuvo documentación sobre giros entre cuentas bancarias de Francia y los Estados Unidos, y la remitió a la Justicia, que abrió una investigación pero la archivó en octubre de 2004, por “inexistencia de delito”. Sin embargo, en 2006, la Sala II de la Cámara Federal ordenó reabrir la investigación e instó a averiguar si hubo “sobornos”.
Según una de las pericias aludidas por la Cámara, habría habido “un porcentaje de incumplimiento integral del contrato, del 66,99 por ciento” que se traduciría en 671.831.357,09 de pesos”.
A la luz de esa circunstancia, se desvanece la hipótesis de que “no hay elementos que permitan inferir un desequilibrio económico para el Estado” y la idea de que “no se ha visto afectada la prestación del servicio a cargo de TSA ni la administración y manejo de los bienes estatales por parte de la CNC, en el marco del contrato de concesión”, dijo la Cámara.
