EDITORIAL

Un país cada vez menos federal

La decisión de distribuir parte del monto de las retenciones agropecuarias dividió las aguas en el bloque de dirigentes opositores y agropecuarios, cumpliendo lo que desde un principio se advirtió como el objetivo no declarado del gobierno nacional y soslayando la debacle del federalismo, a la que se pretende disimular con enfática verborragia y engañosos trucos de apariencia.

Acorralados por la necesidad de recursos, gobernadores e intendentes que habían cerrado filas con el campo se vieron impelidos a aceptar los fondos, aun cuando esto implicara -en alguna medida, y por más esfuerzo que hicieran por despegar una cosa de la otra- convalidar indirectamente la aplicación del gravamen cuya reducción, suspensión o eliminación están reclamando.

El gobernador santafesino fue uno de quienes intentó desvincular ambas cuestiones, cifrando la remisión de fondos, extraídos de la masa del Tesoro Nacional y no de una “caja” específica, en una asunción de las responsabilidades del gobierno central de auxiliar a los distritos del interior frente a la emergencia. El problema es que la conexión -en modo alguno necesaria- fue expresamente establecida por la presidenta y por el decreto reglamentario, configurando así el carácter extorsivo que, previamente, le había endilgado a la medida el ministro de Economía de la provincia.

En cualquier caso, la cuestión de fondo está cifrada en un esquema dominado por la concentración de recursos en manos del poder central, y en la discrecionalidad con que puede disponer de ellos; más allá de que en algún caso se ajuste, como en éste, a las pautas porcentuales establecidas para la coparticipación.

La historia fiscal de los últimos años muestra una marcada tendencia al aumento de la presión tributaria, por un lado, y a la acumulación de fondos en manos del Poder Ejecutivo nacional. Según el estudio de una consultora privada, la carga impositiva llegó el año pasado al récord histórico del 30,8 % del PBI del país. Un 64 % de ese dinero quedó en manos de la Nación y sólo el restante 36 % se distribuyó entre las provincias. Entre 1993 y 2000, con una recaudación del 20,9 % y un reparto de 56 % y 44 %, respectivamente. La redistribución “federalista” de un tercio de las retenciones tiene un impacto apenas perceptible en esta ecuación.

Naturalmente, esta concentración se ve calificada por la habilitación a disponer discrecionalmente del dinero que el Congreso otorgó al Poder Ejecutivo, a pesar del mandato constitucional. Y retrotrae la situación, en ese plano, al período preconstituyente, cuando era Buenos Aires la que engordaba sus arcas con los beneficios del puerto y del comercio internacional, y se regía mediante la suma del poder público otorgada a Juan Manuel de Rosas.

Desandar ese camino de inequidad y alimento constante a la monstruosa macrocefalia del país demandó muchos años y mucha sangre vertida, sin que el devenir histórico haya llegado a revertir sus efectos sociales y demográficos. La ceguera kirchnerista y sus prácticas del poder empujan a un retroceso, cuyos costos la Nación, integralmente concebida, pagará durante décadas.