EDITORIAL

Claridad para una plena democracia

Las diferencias entre los principales referentes del Partido Justicialista en la provincia llevaron a descartar la posibilidad de que se confeccione una de las tradicionalmente llamadas listas “de unidad” para las próximas elecciones legislativas, y abrieron una discusión sobre la manera en que se han de dirimir las candidaturas, en atención a la diferente representatividad que encarnan los eventuales postulantes.

Hasta aquí, se trata de cuestiones propias de la vida interna de una fuerza política, que deberían resolverse por los mecanismos previstos para ello, sea sobre la base de acuerdos o de compulsas en los órganos asamblearios, o mediante la consulta directa a los afiliados o al electorado en general, según el caso.

Pero en esta ocasión, se conjuga una serie de factores que, aunque parezcan no incidir de manera directa sobre la vida o los intereses de los santafesinos, son una acabada muestra de las “desprolijidades” que afectan el entramado institucional y la manera en que éste resulta sometido a los embates y conveniencias coyunturales de los sectores en pugna o negociación.

Precisamente, en este caso la falta de consenso -incluso, sobre la manera o las posibilidades de definir las candidaturas- llevó a que se formalizara una presentación judicial para requerir internas. Desde el otro sector, en tanto, se impulsa un mecanismo cuya denominación trae nefastas reminiscencias para los santafesinos: los neolemas.

En rigor, este sistema no permite, como el de doble voto simultáneo, la sumatoria de votos en la instancia final. Lo que hace es habilitar a los adversarios dentro de un partido a llevar cada uno sus propias nóminas a los comicios generales, sorteando la etapa interna previa (aunque sin derecho a utilizar la sigla identificatoria).

Este recurso -en estado puro o a través de alianzas con otras fuerzas menores- ha sido utilizado en las últimas elecciones por el actual oficialismo nacional, lo que tuvo por efecto que, en las presidenciales y en varias provincias, la oferta justicialista se multiplicara, y eventualmente se adjudique mayorías y minorías, burlando la previsión constitucional que establece un cupo opositor.

Más allá de eso, la imposibilidad de resolver conflictos internos de manera orgánica, y de acudir a malabares normativos o planteos judiciales para ello, aqueja también a otros partidos, como también quedó de manifiesto en nuestra provincia con el radicalismo.

En todo caso, es una muestra acabada de la crisis que atraviesan las estructuras políticas y de la necesidad de sincerar todo esto a través del debate público, apuntado a una expectativa republicana que se ponga por encima de las asociaciones o alineamientos ocasionales. Pero sobre todo, exige que el Estado determine reglas claras y permanentes, y proporcione a la ciudadanía la transparencia y las seguridades imprescindibles para ejercer sus derechos electorales. Y que la dirigencia asuma la necesidad de recuperar la confianza de la población en la clase política, como condición necesaria para alcanzar una plena democracia.