Oposición de los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional

Rechazan la creación de

nuevas universidades

Desde el Congreso de la Nación se dio media sanción a varios proyectos para construir nuevas casas de estudio en todo el país. Para el rector Cantard “no hay estudios de factibilidad, planificación racional ni presupuesto” que justifiquen estas iniciativas.

De la redacción de El Litoral

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El Congreso Nacional viene dando impulso a una serie de proyectos que proponen la creación de varias universidades en el territorio nacional. Recientemente, obtuvieron media sanción en el Senado nuevas casas de estudios en Avellaneda, Merlo (conurbano bonaerense) y Villa Mercedes (San Luis), en tanto que se tratarán otras iniciativas de igual naturaleza en Diputados. En la nómina de proyectos figura la Nacional Agraria, que, de ser tratada y aprobada, tendría sede en nuestra provincia.

La creación de nuevas universidades nacionales despertó un enérgico rechazo desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), órgano que reúne a los rectores de todas las casas de estudio del país. Las razones principales de esa postura responden a la falta de “estudios de factibilidad” sobre los proyectos en cuestión, a “la carencia de necesidades reales que justifiquen la medida”, a la “falta de una planificación racional” y al “déficit presupuestario”. El CIN se expidió en forma negativa sobre 8 de los 12 proyectos (incluidos los tres con media sanción) girados al Congreso.

Los argumentos

Los rectores de CIN se pusieron en pie de lucha: invocaron un plenario -de 1999- que establece las pautas a ser consideradas por el Parlamento para la creación de nuevas universidades. Y recordaron que “la propia Ley de Educación Superior determina que el Congreso debe solicitar al Consejo un informe previo antes de votar o tratar las nuevas universidades”. Para el tratamiento de los proyectos que ya tienen media sanción, el CIN no fue consultado oportunamente.

¿Cuáles son las razones por las cuales el Consejo se opone a estas iniciativas que, prima facie, ampliaría el abanico de ofertas académicas y permitiría a muchos jóvenes a acceder a estudios superiores? Para Albor Cantard -quien además de ser el rector de la UNL, tiene a su cargo la Secretaría de Asuntos Internacionales del CIN- “no resultaría factible crear nuevas universidades en zonas cercanas a otras ya existentes”.

En idéntica línea, se expresó el presidente del referido órgano de rectores, Darío Maiorana, en declaraciones a Clarín: “La generalización de la oferta de la educación superior debe darse cuando no exista ningún tipo de oferta universitaria en una región determinada, y cuando las universidades existentes no puedan brindar propuestas de algunas carreras estratégicas o prioritarias para el desarrollo económico de la región”.

Esto habla -según los rectores- de una carencia de sentido de regionalización territorial para la determinación de nuevas casas; es decir, abrir universidades allí donde hagan falta determinadas ofertas académicas y adonde haya reales necesidades de matrícula. Haría falta una exhaustiva determinación de las áreas geográficas de vacancia en el sistema educativo superior en el territorio nacional.

Presupuesto

Pero hay otra cuestión que les quita el sueño a los rectores del CIN: los fondos presupuestarios. Es que, sobre un presupuesto global para el sistema universitario argentino de 3 mil millones de dólares -sobre 48 casas de altos estudios públicas-, la incorporación de nuevas universidades generaría desfasajes en la distribución de las partidas. Habría más universidades que sostener con un presupuesto que es escaso y deficitario, a juicio de muchos actores vinculados con la educación superior.

Para completar los argumentos ya esgrimidos, Cantard señaló también la “falta de recursos humanos: existen alrededor de 120 mil docentes en todo el país, lo cual no es suficiente para una mayor demanda”.

Tanto la Federación Universitaria Argentina (FUA) como el CIN sostienen que, antes de constituir nuevas universidades, es necesario fortalecer la estructura y los recursos humanos de las existentes, y solucionar la integración y articulación del sistema. Todo ello se relaciona con la reclamada aprobación de una nueva Ley Nacional Universitaria, que reemplace a la controvertida Ley de Educación Superior Nº 24.521, aprobada durante la década menemista.