Una deuda de U$S 50 millones

El puerto de Rosario cambia de manos

Tras una severa crisis financiera, Guillermo Salazar Boero, quien posee el 60 por ciento del capital de Terminal Puerto Rosario, se apresta a transferir sus acciones.

Germán de los Santos

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El puerto de Rosario volverá a cambiar de dueños. Ahogado por un pasivo que supera el valor de venta del propio puerto, unos 50 millones de dólares, Guillermo Salazar Boero, presidente de Terminal Puerto Rosario, decidió vender el 60 por ciento de las acciones que están en su poder, luego de que desde el gobierno provincial le exigieran que regularice su situación.

El complicado presente del puerto rosarino no está relacionado sólo al impacto de la crisis internacional en el sector portuario, sino que los problemas financieros aparecieron mucho antes de que sucumbiera el banco Lehman Brothers en Estados Unidos y quedara palpable la crudeza de la crisis. Las alianzas estratégicas, como la que llevó adelante Salazar Boero con la empresa Raiser, terminaron de inflar un pasivo que terminó siendo irremontable.

En noviembre y diciembre colapsó esa alianza con la que se constituyó Terminal Granelera luego de que aparecieran en el mercado cientos de cheques sin fondos.

Según información actualizada del Banco Central de la República (BCRA), Raiser emitió 570 cheques sin respaldo económico por un valor de 18.240.777 pesos. Terminal Puerto Rosario introdujo al mercado 787 cheques sin fondos por un monto de 7.996.419,79, de los cuales logró levantar 285, por 3.445.694,14 pesos.

A este festival de cheques, se sumaron otros problemas, como un retraso en el pago del canon, que ronda los 400 mil pesos mensuales, y llegó a ser de ocho meses en diciembre pasado, aunque luego el concesionario reprogramó ese pasivo y ahora sólo debe tres cuotas.

La deuda con la API, por el incumplimiento en el pago de impuesto de sellos que era de 8.756.273 pesos, se reprogramó luego de que el organismo fiscal le trabara un embargo.

Con el sector privado, la presión de algunos acreedores como Juan F. Secco y Milisenda se incrementó y según trasladaron al propio Enapro recurrirían a la Justicia si no se veía una voluntad de pago desde la terminal.

Desde el ente administrador admitieron que la situación más complicada se atravesó a fin del año pasado, cuando a los problemas financieros del concesionario se sumaron otros inconvenientes propios de la cruda coyuntura económica. El movimiento en el puerto cayó afectado sobre todo por el descenso de la actividad relacionada con el mineral de hierro.

Ante este panorama, desde el gobierno provincial expresaron a Terminal Puerto Rosario que no le retirarían la concesión (por la deuda en el canon) pero que debía regularizar su situación. Salazar Boero emprendió primero la búsqueda de posibles socios ante la imposibilidad de conseguir financiamiento bancario.

Informe

Después de varias idas y vueltas, el actual concesionario decidió vender el 60 por ciento de las acciones, mientras que el resto que está en manos de empresas del Puerto de Tarragona (un 30 por ciento), manejadas por Jordi Pujol (hijo) y Luis Badía I Chancho, y del financista Gustavo Shanahan (un 10 por ciento), quedarán intactas, porque son intransferibles. Por lo que señalaron ayer fuentes del Enapro, hoy al mediodía Shanahan, representante de los concesionarios, informará al ente regulador la marcha de las negociaciones para este cambio accionario. Hasta ahora lo que trascendió es que un operador de Valparaíso, Chile, estaría interesado, y también hay fuertes versiones de que integrantes de la familia Nardelli, propietaria de la aceitera Vicentín, también estarían en carrera para adquirir las acciones de Salazar Boero.

Desde el Enapro advirtieron que lo recomendable sería establecer una especie de “blindaje” durante un semestre sobre el negocio portuario, que aleje el fantasma de la convocatoria de acreedores, mientras se realiza una auditoría privada y la negociación con los potenciales compradores.

Ángel Elías, presidente del Enapro, consideró que “uno de los aspectos positivos de este momento en el puerto es que las terminales están operando con normalidad y que nunca se detuvo el nivel de cargas. Siguen operando MSC y Care, que son dos representantes de peso del sector”.

Tampoco, recordó Elías, hay un conflicto sindical, como ocurrió en la época en que a los filipinos de Ictsi les retiraron la concesión. Todos los empleados de Terminal Puerto Rosario, que posee una planta de 420 operarios, cobran el subsidio del gobierno nacional (Repro).

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ADEMÁS

El Enapro -organismo creado el 31 de octubre de 1994 cuando la Nación transfirió los puertos a las provincias- adjudicó la concesión de las terminales 1 y 2 a Terminal Puerto Rosario en 2002, luego de la polémica salida de los filipinos de ICTSI dos años antes, posteriormente al pago del canon trimestral de 971.630 de pesos y al desgaste que generó el extenso paro de los trabajadores portuarios.

Según se esgrimió en aquella época, el contrato de concesión estipulaba que, de registrarse el incumplimiento de pago de dos cuotas del canon, se configuran las causales de rescisión. Luego, en el 2001, el Enapro inició un nuevo proceso licitatorio y, en el 2002, la empresa Terminal Puerto Rosario SA se adjudicó la concesión de las terminales 1 y 2 por 30 años. La gestión del puerto había quedado a cargo del know-how del puerto de Tarragona, algo que se presentaba como una contribución fundamental al emprendimiento, ya que los españoles aportarían una historia centenaria en el manejo de un puerto.

Pero todo no resultó como se pronosticaba en ese momento, ya que los tarragoneses se presentaron en 2005 ante la Justicia rosarina, donde denunciaron a su contraparte local por realizar una maniobra societaria que le permitió quedarse con la mayoría accionaria en desmedro de las firmas extranjeras.

En marzo de 2005, el entonces presidente de la Autoridad Portuaria de Tarragona (APT), Joseph Antón Burgasé, ya había dado por concluidas las relaciones con las terminales de Rosario.

A la par, en abril de 2005, ingresó al directorio del puerto el empresario Orlando Vignatti, quien era director titular y vicepresidente, elegido por asamblea el 7 de abril del 2005. Pero dos años después se retiró del puerto y traspasó sus acciones a Guillermo Salazar Boero, quien se alió a la firma Raiser para desarrollar la salida de granos del puerto. Terminal Granelera SA se constituyó el 2 de enero de 2008; figuraban el presidente de Raiser, Osvaldo Sortino, como titular de la sociedad, mientras que Salazar Boero, el número uno de TPR, como director. Pero la sociedad duró muy poco tiempo.

Camino sinuoso

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EL DATO

Antidumping

Argentina levantó las trabas aduaneras por comercio desleal (antidumping) que pesaban sobre la importación de una resina plástica desde Brasil, según una resolución publicada hoy por el Boletín Oficial.