EDITORIAL

Política y sindicalismo

Las consecuencias de las elecciones del 28 de junio también han impactado en el movimiento obrero organizado. Las turbulencias estuvieron presentes en el interior de la CGT y sus consecuencias se hicieron notar entre las principales cúpulas del gremialismo nacional.

Las asperezas entre Barrionuevo y Moyano no son nuevas, pero esta vez se sumaron sin disimulos al enfrentamiento los denominados “gordos”, el sector más burocratizado y conservador de este sindicalismo corporativo que dice asumir al peronismo como ideología oficial.

De todos modos, no son las ideologías las que enfrentan a estos dirigentes, sino los intereses y los correspondientes realineamientos políticos. En realidad, lo que siempre está en juego en estos debates son las relaciones con el poder y las prebendas que el poder otorga.

Que Moyano es el interlocutor oficial de los Kirchner es algo que nadie desconoce. Ese rol le ha permitido disponer de recursos económicos e institucionales que han fortalecido su estructura de poder y, seguramente, lo ha beneficiado desde el punto de vista político y personal.

Por su parte, el oficialismo recibe como contraprestación a tantos favores el compromiso de Moyano de disciplinar a los sindicatos que controla. Esta relación, que es al mismo tiempo política y económica, es la que “los gordos” cuestionan.

Como consecuencia de las elecciones del 28 de junio estos dirigentes han decidido pasar a la ofensiva y, entre otras cosas, reclamar una participación más amplia en el manejo de las obras sociales. Los roces y recelos han dado lugar a declaraciones ofensivas por parte de Moyano, quien presionado por el gobierno y por sus pares, debió pedir disculpas, algo insólito en un dirigente que siempre se ha distinguido por su prepotencia y soberbia.

Más allá de las paces mediáticas, lo que queda claro es que en el movimiento obrero ya se empiezan a observar los realineamientos que la nueva coyuntura política impone. En cualquier caso, lo que se observa es la continuidad de prácticas corporativas y un manejo centralizado y burocrático del poder que son rasgos distintivos de nuestro movimiento obrero. Los gobiernos peronistas han alentado esta tendencia por razones ideológicas y de intereses, pero no está de más recordar que también los gobiernos radicales -la convocatoria de Alfonsín a Alderete- se embrollaron en el intento de recorrer ese camino.

Un movimiento obrero democrático en la Argentina reclamaría una representación más plural, la presencia de diversas centrales sindicales como ocurre en la mayoría de los países democráticos del mundo y un manejo más transparente de los fondos transformados hoy en verdaderos cotos de caza de los dirigentes gremiales.

Ninguna de estas reivindicaciones parece preocupar a los actuales caciques del movimiento obrero. Por el contrario, lo que predomina es la disputa facciosa por el poder entre dirigentes cuya única diferencia importante son sus prerrogativas y sus ambiciones.