Edición del Martes 11 de agosto de 2009

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Respuestas que no deben demorarse - Edición Impresa - Opinión Opinión

EDITORIAL

Respuestas que no deben demorarse

Distintas voces coinciden en que desde hace dos años el pedido de ayuda alimentaria se ha incrementado en todo el país, e indicadores internos y externos confirman que la necesidad de recurrir al auxilio de subsidios o asistencia es primordial para un amplio sector social empobrecido, sobre todo el que habita los grandes conglomerados urbanos y el norte provincial, que también es el más castigado por la prolongada sequía.

Más allá de la marcada contradicción entre porcentajes oficiales y mediciones privadas, pobreza e indigencia siguen siendo materias pendientes en un país castigado por la crisis mundial, pero también por los conflictos que desde hace meses vienen enfrentando a sectores productivos con las propias autoridades. Conmovedoras historias, que se esconden detrás de las cifras -cualquiera sea el organismo encargado de difundirlas-, revelan un sinfín de situaciones extremas por las que deben atravesar familias de escasos o nulos recursos.

El aumento en los precios de los alimentos vuelve inalcanzable para una buena parte de la población el acceso a productos de primera necesidad. Basta con un ejercicio elemental de cálculo para advertir que, si la inflación impacta en forma directa en el bolsillo de un asalariado, directamente vuelve imposible la satisfacción de las mínimas necesidades -menos aún de progresar- a quien subsiste, en el mejor de los casos, con algunas changas.

Entonces, el aumento de los costos, sumado -como se dijo- al impacto que la crisis económica tuvo sobre las fuentes laborales, hace indispensable para numerosas familias recurrir al auxilio estatal, sea a través de asistencia directa o de planes. Tal cual informó este diario días atrás, las propias autoridades provinciales reconocieron que en este tramo del año la demanda de ayuda social se había incrementado prácticamente en un treinta por ciento, tanto para acceder a alimentos, como a la tarjeta de ciudadanía, ropa y elementos mínimos para contar con una vivienda al menos precaria.

La falta de oportunidades para jóvenes que, en un alto porcentaje, no avizoran demasiadas posibilidades de revertir un presente sin empleo ni estudios suma un elemento fundamental a esta situación, que ya ha superado ampliamente la etapa del diagnóstico y exige acciones concretas.

La reversión de estas cifras tiene que ser una verdadera prioridad y sólo será posible a través de propuestas de real inclusión, que deberán tener a la educación como uno de sus pilares básicos, no desde una función asistencial, sino como un ámbito que promueva el cambio y facilite la igualdad de oportunidades.

El abordaje de esta problemática no puede quedar en discursos ni en expresiones de deseo. Es necesario adoptar decisiones que trasciendan la coyuntura y se traduzcan en políticas concretas y sostenidas, posibles de sostenerse en el tiempo y que puedan torcer esa suerte de destino inexorable al que parecen estar condenadas de antemano las nuevas generaciones. Se trata, en definitiva, de un compromiso con el futuro en el que están involucrados todos los sectores -políticos, públicos y privados-, pero que no admite más demoras.



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