Diputados de centroizquierda ponen condiciones

Al gobierno le alcanzan los votos

para superpoderes, pero busca más

La intención es votar la delegación de facultades por otro año mañana en Diputados y girarla al Senado para que las trate antes del 24. Un grupo de legisladores sumará su voto, si el oficialismo acepta algunas restricciones.

Julia Izumi/El Litoral

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CMI/DyN/Télam

El apoyo de los bloques de diputados de centroizquierda a la potestad del Poder Ejecutivo para fijar los derechos de exportación, entre ellos las polémicas retenciones agropecuarias, podría cambiar el escenario del tratamiento de la prórroga de las facultades delegadas que vencen el 24 de agosto, si el oficialismo concede algunas de las modificaciones que estas bancadas plantearon ayer.

Los diputados de Solidaridad e Igualdad (SI), Encuentro Popular y Social, Proyecto Sur y Diálogo por Buenos Aires presentaron públicamente una propuesta que, si bien sintoniza con el proyecto oficial en el sentido de considerar a los derechos de exportación como un “instrumento de la política económica de éste o cualquier Poder Ejecutivo”, fue acompañada por el rechazo al pedido de una prórroga “masiva” de delegación de facultades y el pedido concreto de que el gobierno especifique cuáles de las casi 2.000 a punto de vencer considera “imprescindibles” para la gestión.

Los legisladores plantearon la necesidad de que la comisión bicameral que deberá estudiar estas leyes tenga “un fuerte perfil técnico”, y pidieron que se incorpore al proyecto la prohibición de “subdelegar” en otros funcionarios las facultades delegadas a la presidencia: “Tenemos una enorme cantidad de funcionarios que dictan actos que valen como leyes y que no son enviados al Congreso para su control. Vamos a pedir que se prohíba la subdelegación de facultades. Todo acto debe asumirlo la presidencia, con un decreto con refrendo de jefe de Gabinete y diez días para el control de bicameral permanente”, advirtieron.

Además, consideraron que el plazo de renovación no debe exceder los seis meses (el oficialismo pedía un año) y reclamaron la eliminación completa del artículo 2 del proyecto oficialista, en el que se realiza una “definición de cuestiones de emergencia pública tan amplia que cualquier tema puede ser considerado de esa forma”, explicó la diputada Vilma Ibarra durante una conferencia de prensa ofrecida por las cuatro fuerzas.

Buscando consenso

La posibilidad de consensuar con este sector, y así lograr la prórroga de la delegación de facultades con un número más holgado de votos, llevó al Frente Para la Victoria (FPV) a postergar para primera hora de mañana la reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales prevista para hoy.

Si bien el pronunciamiento de estos bloques trajo alivio a las autoridades de la bancada oficialista, fuentes parlamentarias admitían la posibilidad de ceder a algunos de los planteos, aunque veían difícil satisfacer el reclamo de dividir la iniciativa entre prórrogas imprescindibles y superfluas.

El titular del bloque del FPV, Agustín Rossi, confiaba ayer en lograr “un consenso amplio” para votar la prórroga de las facultades delegadas, pero por las dudas salió a aclarar que aún cuando no se logre aprobar la iniciativa oficial las retenciones a las exportaciones de soja seguirán en el porcentaje actual “por lo menos hasta que el Congreso construya una nueva ley que le fije otro valor, algo que requerirá de 129 votos y algo de tiempo”.

El oficialismo aspiraba a obtener dictamen de mayoría mañana por la mañana, para tratarlo por la tarde en el recinto y luego derivarlo al Senado, que debería sancionarlo antes del 24 de agosto. Hasta ayer, el bloque contabilizaba 131 votos favorables -dos más de los 129 que se necesitan para la media sanción- con los 110 diputados K y aliados históricos como los del Frente Cívico de Santiago del Estero, el Movimiento Popular Neuquino, la Concertación K y algunos bloques unipersonales.

No obstante, la intención era lograr un consenso mayor, y por eso apostaban a sumar el apoyo de los bloques de centroizquierda que ayer hicieron valer su peso poniendo ciertas condiciones que seguramente serán volcadas hoy en una mesa de negociación.

Al gobierno le alcanzan los votos para superpoderes, pero busca más

Vilma Ibarra, Miguel Bonasso, Eduardo Macaluse, Claudio Lozano, Victoria Donda y Carlos Raymundi, entre otros ex kirchneristas y ex aristas, plantearon una opción intermedia a la insistencia oficialista y el rechazo opositor.

Foto: DyN

/// EL DATO

Recuperación

Los diputados nacionales de la Coalición Cívica iban a ofrecer esta tarde una conferencia de prensa para dar a conocer los fundamentos por los cuales rechazarán la prórroga de facultades extraordinarias concedidas al Poder Ejecutivo Nacional. Según adelantaron, su propósito es el de recuperar para el Parlamento la atribución de fijar retenciones a las exportaciones agropecuarias, así como de derogar las disposiciones del Ejecutivo “que dieron lugar a los incrementos injustificados en las tarifas de luz y gas”.

Las posturas

El oficialismo quiere prorrogar por un año todas las facultades delegadas. Son más de 1.900 normas, incluyendo retenciones.

La oposición rechaza mantener las facultades delegadas en general, y en particular quiere discutir un esquema de retenciones.

Los diputados de centroizquierda aceptan prorrogar facultades, pero por seis meses, sólo en manos de la presidenta, con más control del Congreso y revisando resoluciones y decretos ya dictados. A cambio, le dejan las retenciones al Ejecutivo y aceptan que queden como están.

Glaciares

Luego del extenso receso parlamentario, la protección de los Glaciares será uno de los temas de la semana. Mientras Miguel Bonasso, en Diputados, insistirá con su viejo proyecto vetado, Daniel Filmus desde el Senado dará estado parlamentario a una nueva iniciativa.

Si bien con varias diferencias entre ambos, los dos proyectos apuntan a prohibir las actividades mineras e hidrocarburíferas en las grandes reservas de agua dulce que son los glaciares. El de Bonasso (Diálogo por Buenos Aires-Capital) intenta prohibir casi en su totalidad la actividad, mientras que Filmus (FpV-Capital) propone continuar con la minería de una manera protegida y en determinadas áreas.

La guerra por los glaciares comenzó cuando, luego de que en octubre del año pasado el Senado sancionara la ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, fuera ésta vetada por la presidenta Cristina Fernández. El veto provocó una gran revuelta en el bloque K que implicó la salida de Bonasso. El periodista, en ese momento, acusó al oficialismo de haber pactado con el gobernador de San Juan, José Luis Gioja, para que la ley no fuera puesta en marcha dado que la provincia cuyana tiene a la minería como su principal método de subsistencia.