EDITORIAL

Los Kirchner y el incremento de su patrimonio

Da la impresión de que la pareja presidencial ha decidido no responder a las imputaciones acerca del crecimiento de su patrimonio personal. Si esto fuera así, a la clase política se le presentará la alternativa de elegir entre callarse la boca y mirar para otro lado o tomar las decisiones que la Constitución aconseja cuando existe una sospecha fundada de enriquecimiento ilícito.

Por lo pronto, el vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, ha advertido sobre la irregularidad institucional que representa que un mandatario se enriquezca por encima de sus posibilidades. Con menos discreción, Elisa Carrió acusó a este gobierno de ser el más corrupto de la historia. Por su lado, Margarita Stolbizer se limitó a decir que “se les debería caer la cara de vergüenza”.

Más allá de las peripecias de las palabras, lo cierto es que el tema está instalado en la opinión pública. La clase política no se anima o tiene dificultades para avanzar en las investigaciones porque teme las consecuencias que este paso pueda acarrear.

Se sabe que, en tiempos de Menem, determinados procedimientos judiciales y políticos se pararon porque existía la certeza de que, de seguir avanzando, el juicio político era inevitable. Fue el caso conocido como “Amira Yoma”, cuando se descubrió que la secretaria privada del presidente y su ex marido -un reconocido personaje del hampa- participaban en negociados aduaneros.

Hoy la situación es diferente, pero los temores de la clase dirigente para actuar conforme a la ley son parecidos y, como la experiencia lo indica, comprensibles desde el punto de vista de la responsabilidad institucional.

Por lo pronto, lo deseable sería que los Kirchner aclarasen supuestos malos entendidos o dieran respuestas más confiables que las brindadas por la presidente. Nada de ello ha ocurrido hasta el momento y, atendiendo a los antecedentes de los personajes, sería ingenuo esperar que desde allí haya una réplica sensata.

Por el contrario, los Kirchner han respondido a estas observaciones con su habitual rosario de acusaciones e insultos, fieles a su criterio de que en estos casos la mejor defensa es un buen ataque. La pareja gobernante está convencida de que las imputaciones que les hacen obedecen a la envidia o a las siniestras conspiraciones de la derecha. Cebados por años de impunidad, suponen que nadie se animará a ir más allá de las palabras y que, en poco tiempo, la gente estará hablando de otros temas.

Atendiendo a los antecedentes históricos de la Argentina, su especulación no es desacertada. En estos países, la corrupción del poder no suele ser sancionada; mucho menos, cuando los acusados ejercen ese poder. De todos modos, sería aconsejable no confiar demasiado. Es que este caso ha adquirido notoriedad internacional, y el fracaso de las instancias dialoguistas en el orden interno puede crear las condiciones necesarias para que sus pares políticos, incluido el propio peronismo, decidan interesarse por el tema y actuar como ordena la Constitución.