Habría irregularidades en varios de los puntos revisados
Concluyó el trabajo de la comisión
investigadora de la gestión Balbarrey
El grupo integrado por los ediles Adriana Molina, Carlos Suárez, Héctor Acuña y Cristian Husser presentó el resultado de un año de trabajo. Aparentemente, las irregularidades comprometerían a varios ex funcionarios y terceros.
De la Redacción de El Litoral
En el ámbito del Concejo, los ediles que formaron la comisión investigadora dedicada a revisar las actuaciones de algunos integrantes del Ejecutivo encabezado por el ex intendente Martín Balbarrey (2003 - 2007) presentaron esta mañana el resultado de un año de trabajo. El grupo se formó con la aprobación del cuerpo legislativo local en mayo del año pasado por los ediles Adriana Molina, Carlos Suárez, Héctor Acuña y Cristian Husser, sin representantes del Partido Justicialista.
Por cuestiones de organización, el extenso resumen final fue dividido en 18 temas centrales: construcción de tres centros de integración comunitaria, otorgamiento de subsidios luego de la inundación de 2007, juicio iniciado por la empresa Azcoitía y sentencias derivadas, remodelación del Teatro Municipal, morosidad en la verificación de créditos, subsidios dentro de programas para personas con discapacidad, obras en emergencia hídrica, sumarios por irregularidades en la administración de fondos, cómputos y recursos humanos, rentas, control de gestión, compras, sumarios por faltantes de bienes e insumos municipales, publicidad y obras.
Las irregularidades
Según la comisión, detectaron 25 irregularidades en la construcción de tres centros de integración comunitarios para lo que se recibió el total del dinero desde el gobierno nacional como también para la compra de herramientas, capacitación y posibles modificaciones de los precios.
Entre los incumplimientos mencionados figuran: lo pactado entre la Municipalidad, la Nación y las cooperativas que construirían CIC que además no contaban con los requisitos establecidos para el fin contractual. No existía documentación técnica de las obras; no se confeccionaron las actas de inicio y replanteo de las obras. No se rindió cuenta del subsidio “Capacitación en Obra-CIC” al Ministerio de Desarrollo Social por un monto de 24 mil pesos.
Respecto de los subsidios otorgados luego de las inundaciones de 2007 por 4.814.508 pesos, se encontraron 12 irregularidades tales como: el DEM desarrolló su gestión sin un marco jurídico apropiado para otorgar el dinero con objetividad para paliar las consecuencias del fenómeno climático; no existió acto administrativo por el cual se configure una nómina de beneficiarios ni criterio de otorgamiento de diferentes sumas que oscilan entre 700 y 50.500 pesos.
No se aclara el acto administrativo que otorga a Apyme la facultad de notificar a los beneficiarios de los subsidios, como así también las funciones a esa asociación delegadas.
Existen subsidios con las siguientes irregularidades: beneficiarios con igual apellido e igual domicilio; firmantes representantes de sociedades, no autorizados para tal fin; beneficiarios cuyo domicilio no fue alcanzado por el siniestro hídrico, sin mayores aclaraciones de la causa por la que recibieron el subsidio y particulares que recibieron la suma de 50.500 pesos mientras que el resto de los mismos recibieron 700 pesos.
Además se resaltan “claros indicios de irregularidades en administración de los fondos recepcionados para obras de la Emergencia Hídrica”.
En cuanto a la publicidad del municipio se detalla la modificación del importe, establecido por ordenanza destinado a relaciones públicas y prensa cuyo importe era de 2.500.000 pesos. Según el informe de la Secretaría de Hacienda y Economía luego asciende a 6.023.619,06 pesos.
Envío a la Justicia
“Nosotros no somos jueces, somos concejales que intentamos ver si existieron comportamientos que desde el punto de vista administrativo y político pudieran significar irregularidades. Luego determinará la Justicia si son o no delitos”, aclaró Molina ni bien iniciada la conferencia. Seguidamente detalló que “la marca de la gestión Balbarrey fue la falta de procedimientos en prácticamente todas las situaciones que indagamos y cuando había procedimientos establecidos no se cumplieron”.
Según los ediles de la comisión, los procedimientos administrativos dan certezas y seguridad jurídica y cuando no se respetan, “llevan a situaciones irregulares lindando la arbitrariedad y la discrecionalidad”. Eso significa “falta de transparencia en la gestión y que hay gente perjudicada”.
Por su parte, el concejal Carlos Suárez manifestó que la mayoría de las irregularidades encontradas tienen que ver con lo administrativo y “cualquiera de los delitos que puedan ser imputados a quienes ejercen la función pública y no de buena manera pueden estar rozados por hechos que mencionamos”.
Antes de finalizar se consultó a los concejales del Frente Progresista si estarían dispuestos a integrar en el futuro un grupo similar que revise la gestión de Mario Barletta. “Sí, participaríamos porque entendemos la función de contralor como una de las específicas del Concejo. Incluso como podría haber hecho el justicialismo como defensores de la gestión, pero dentro de este ámbito”, respondieron unánimemente.
Los ediles repitieron hasta el cansancio que no juzgarán la gestión sin relevar los procedimientos incumplidos.
Foto: Néstor Gallegos
Obras virtuales o en tiempo récord
Respecto de algunas obras públicas realizadas durante la gestión de Balbarrey se menciona que “el precio unitario por cada metro de material u obra a ejecutar fue superior al que se paga actualmente; en certificados no constan los cruces de calles reemplazados; las obras se finalizaron en tiempo récord, antes del vencimiento del plazo y de las elecciones 2007; figuran certificados de obra observados y abonados los siguientes meses; se hicieron los 10.000 metros en un solo mes y los 28 metros de cruce de calle en el mes siguiente; se hicieron obras en lugares donde no estaban previstas o no estaban contractualmente acordadas; faltan certificados de obras y faltan actas de medición”.
Concretamente en estas actuaciones se ha podido determinar “el actuar abusivo e irresponsable de las facultades discrecionales que le competen al titular del Ejecutivo Municipal, que podría configurar el incumplimiento de los deberes de funcionario público ante la falta de control”.
La ejecución de las mismas en tiempos récord, “pocas veces vistos, ante la inminencia de actos comiciales, con carencia absoluta de controles fidedignos respecto del grado de cumplimiento de las obras a cargo de los contratistas, hacen suponer la existencia de actuaciones de los responsables del Departamento Ejecutivo Municipal que merecen ser consideradas por las autoridades judiciales competentes”.
