Diputados modificó una ley de 1992
Podrán ir a chatarra vehículos
secuestrados por la Justicia
El objetivo es evitar la contaminación que generan los autos abandonados. La Cámara pidió se deje sin efecto el decreto que creó los cargos en las boletas de gas natural. La discusión por el fondo sojero volvió a generar pases de facturas entre oficialismo y oposición sin resultados concretos.
Mario Cáffaro
Automotores y motocicletas fueron incluidos en una ley del año 1992 que regula el destino de los bienes secuestrados o depositados en causas judiciales y de prosperar en el Senado lo votado en Diputados, los jueces podrán disponer incluso su compactación y envío a chatarra. Anoche, la Cámara de Diputados dio media sanción a un tema que se originó por inquietud del senador Alcides Calvo (PJ-Castellanos) pero que al ingresar al cuerpo fue discutido con otro radical, Leonardo Simoniello, generándose un nuevo texto que volverá en revisión a la Cámara Alta.
Este proyecto y varias minutas de comunicación fueron votadas muy rápidamente por la Cámara; en cambio sus integrantes discutieron durante casi dos horas el financiamiento de municipios y comunas. Fue a partir de una manifestación del justicialista Alberto Monti, exigiendo al cuerpo un pronunciamiento sobre la distribución “más equitativa” del llamado fondo sojero que a entender del legislador hoy no lo es. Señaló que a la fecha ingresaron a la provincia 142.649.391 pesos de los cuales el Ejecutivo dispuso 99.854.573 y para los gobiernos locales quedaron 42.794.817 pesos. Después explicó que Rosario se queda con 14.272.376; Santa Fe con 4.892.280 mientras que las 44 municipalidades restantes y los 360 comunas deben repartirse los 23.700.000 pesos restantes.
El socialista Raúl Lamberto aprovechó la exposición precedente para asegurar que el Ejecutivo está predispuesto a colaborar con municipios y comunas pero consideró que se debe considerar en forma conjunta con la necesidad de tener mayores recursos. “Nosotros nunca vamos a levantar las banderas de no aumentar impuestos ni servicios porque sabemos que ésas son eslogan”; insistió en apuntar a la necesidad de un debate “real y serio” sobre la política tributaria e instó a tener una mesa de consenso sobre la cuestión, no sin dejar de señalar que -excepto Salta- todas las restantes provincias distribuyen el fondo soja en proporción de 70 a 30 e hizo notar que en Chaco, el gobernador Capitanich vetó una distribución que había votado la Legislatura.
La intervención de Lamberto originó un extenso debate -repetitivo en la mayoría de los casos- con acusaciones cruzadas sobre lo ocurrido durante los últimos años en la provincia, la pérdida de recursos propios a manos del gobierno central, la crisis actual y cómo se ejecuta el gasto en la provincia. En dicho marco, el justicialista Jorge Lagna admitió que hay parte de verdades en ambos sectores y exigió sincerar el debate, recomendándole al Poder Ejecutivo relocalizar las prioridades de la gestión. Además puso el acento en la desconfianza existente entre el gobierno y la oposición y valorizó la importancia de discutir los asuntos en las comisiones de trabajo. “Debemos llegar a consensos de verdad pero sin chicanas”, disparó. “Se necesita sinceridad y signos de confianza”, acotó. El radical Carlos Fascendini aprovechó para advertir que Presupuesto y Hacienda -comisión que él preside- no pudo deliberar ayer por falta de quórum y le recordó al justicialismo que el dinero del fondo sojero es para obras de infraestructura y no para gastos corrientes. Antes, advirtió que están pendientes las resoluciones administrativas presentadas por varios municipios contra el decreto 3.113 de la segunda administración de Carlos Reutemann que puso un techo a la coparticipación.
Lo votado
A la hora de votar proyectos cobra relevancia la media sanción a la reforma de varios artículos de la ley 10.887 sancionada en octubre de 1992 y que regula el destino de bienes muebles secuestrados o depositados en causas judiciales. El objetivo es solucionar la problemática existente en materia de vehículos y otros tipos de bienes registrables que, por causas judiciales se encuentran retenidos en dependencias públicas durante años, ocasionando contaminación ambiental y perjuicios económicos para el Estado. Los automotores estaban excluidos de la ley y fueron incorporados. A partir de los 6 meses posteriores al secuestro, la autoridad encargada del depósito del bien mueble podrá gestionar su descontaminación, compactación y disposición como chatarra, salvo excepciones contempladas también en el articulado. Además, incorpora el procedimiento para que el titular registral pueda reclamar la devolución del automotor o motocicleta depositado en el corralón.
También la Cámara votó un pedido para que el Ejecutivo Nacional deje sin efecto el decreto 2.067/08 que dispuso un aumento tarifario sobre el servicio de gas natural. La minuta aprobada considera a dicho decreto “un menoscabo al orden constitucional imperante al desconocer la división de poderes y el principio de reserva de ley, consagrado en el artículo 19 de la Constitución Nacional, este último, de aplicación ineludible en materia tributaria”. El texto fue fruto de sendas iniciativas ingresadas por los justicialistas Silvina Frana y Mario Lacava, y el radical Hugo Marcucci.
