EDITORIAL

Droga, Justicia y Sociedad

A partir del fallo de la Suprema Corte de Justicia sobre la despenalización de la tenencia de marihuana (un debate abierto hacia el futuro es determinar si alcanza sólo a la marihuana o a todas las drogas) la Argentina dispondrá de uno de los regímenes legales más liberales de Occidente. Al respecto, habría que preguntarse si nuestro país está en condiciones de permitirse una apertura a la que países más avanzados y con más recursos -como Suecia- han renunciado hace años.

Los argumentos esgrimidos por los defensores de este fallo son atendibles: el consumidor es más una víctima que un delincuente; la ley debe perseguir a los narcotraficantes y no a los consumidores. Se ha señalado, además, que las medidas persecutorias contra los consumidores no han reducido el consumo de la droga, sino todo lo contrario. Por último, el artículo de la Constitución Nacional que defiende las acciones privadas de los hombres ha sido el argumento legal del que se han valido los jueces para justificar el fallo.

El debate está abierto y en principio puede admitirse que existe en todos los protagonistas el deseo sincero de poner punto final a este flagelo de la humanidad. De todos modos, no se puede desconocer que desde hace años el Estado y diferentes instituciones intermedias llevan adelante una lucha que, a juzgar por los resultados, es desventajosa. Lo que hay que preguntarse es si esta disposición de legalizar la tenencia de marihuana para el consumo personal constituye un aporte para librar con más eficacia esta lucha.

Es en este punto concreto, donde es necesario hacer algunas consideraciones. En principio, importa saber que no hay un abismo entre el consumidor y el vendedor de drogas. Por lo tanto, es probable que su legalización aliente el consumo en lugar de reducirlo, activando la oferta de droga. La pregunta, entonces, es la siguiente: ¿el fallo de la Corte favorece la lucha contra la droga o, por el contrario, la dificulta al multiplicar el número de traficantes y drogadictos? El Estado y las instituciones civiles ¿disponen a partir de este fallo de mejores o peores condiciones para reprimir a los traficantes y recuperar a los enfermos?

Legisladores y juristas deberían prestar atención a las opiniones de sacerdotes y asistentes sociales que trabajan en las villas de emergencia donde la droga provoca estragos entre los jóvenes que carecen de instancias de contención como pueden ser la familia, la escuela o el medio social. Atendiendo a las declaraciones de estos sacerdotes y asistentes sociales, el fallo repercutirá negativamente. A título ilustrativo, luego de referirse a la decisión judicial, Calamaro ya se fumó un “porro” en el escenario de un recital e invitó al público a hacer lo mismo. Eso es apología.

Comienzan a ponerse a prueba las diferentes hipótesis de trabajo. Las especulaciones teóricas son interesantes pero hay que seguir de cerca las consecuencias objetivas del fallo en la trama social.