EDITORIAL

Avances para la reforma penal

La Legislatura santafesina, donde el oficialismo y la oposición provincial cuentan, cada uno, con la mayoría en una de sus dos Cámaras, logró cerrar durante septiembre la sanción de cuatro leyes que son vitales para el avance de la reforma procesal penal.

El cambio es mucho más que una modernización de las formas -del sistema escrito al oral-: Santa Fe podrá por fin contar con un verdadero sistema de garantías para la administración del servicio de justicia. En el Poder Judicial santafesino, hasta ahora, es el mismo juez que realiza la investigación (instruye el proceso) quien luego termina resolviendo sobre la situación del imputado (falla).

Con el nuevo Código Procesal Penal, la diferenciación pasa a ser institucional. Unos investigan (los fiscales) y otros defienden a los acusados (la defensa). Y quienes finalmente juzgan son los jueces.

Era Santa Fe la única provincia argentina -y se dice que la única jurisdicción en Latinoamérica- en que esas garantías no estaban sistematizadas.

Debe recordarse que tras años de resistencia de la propia estructura judicial, un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el conocido caso Fraticelli, dejó al Poder Judicial santafesino ante la obligación de cambiar.

La oportunidad fue aprovechada por el gobierno de Jorge Obeid quien logró la aprobación de un nuevo Código Procesal Penal, que incluye el juicio oral. Y esa labor, sigue bajo el gobierno de Hermes Binner.

Tanto los integrantes del Partido Justicialista, que mayoritariamente aceptaron la reforma, como los partidos que forman hoy el Frente Progresista, hicieron esfuerzos por conseguir el consenso en cuatro leyes clave que la reforma demandaba.

Las Cámaras de Diputados, donde el oficialismo tiene la mayoría, y la de Senadores, en la que la oposición dispone de 13 de las 19 bancas, demostraron que los mecanismos legislativos funcionan si hay voluntad política y se sabe ceder posiciones.

El PJ en la Cámara Alta aceptó criterios generales del gobierno de Binner que no compartía, y el oficialismo hizo lo propio con algunas modificaciones -formales y de fondo- que impuso la mayoría en el Senado. Y lo mismo Diputados que, para no trabar la sanción, convalidó los cambios hechos por los senadores, que habían sido consensuados entre ambos bloques.

El diálogo parlamentario -tantas veces reclamado a nivel nacional- permitió en Santa Fe la sanción de la ley que fija en tres años el período de transición, de la que crea los Tribunales Penales y de otras dos normas que consagran sendos institutos: el Ministerio Público de la Acusación (que reúne a los fiscales) y el Servicio Público de la Defensa Penal (para los defensores).

Las normas fueron aprobadas durante el período ordinario del corriente año, en el que -otro detalle que no debe pasarse por alto- hubo tres elecciones en la provincia, que no distrajeron a los legisladores de sus deberes.