Polémico fallo de la APDH
La decisión de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH) de expulsar a Elisa Carrió de la institución por oponerse a la extracción compulsiva de ADN que impulsa el gobierno nacional en el Congreso, es arbitraria y contradice la trayectoria de una institución cuyo rasgo distintivo hasta el momento, ha sido la amplitud ideológica y una visión jurídica y política amplia de los derechos humanos.
Incluso admitiendo que la opinión de Elisa Carrió fuera equivocada, controvertida o contradijera las opiniones oficiales de la APDH, tampoco se justificaría la expulsión, una medida extrema y descalificadora, que se contradice con la filosofía de tolerancia y respeto al pluralismo que debería distinguir a una institución defensora de los derechos humanos.
La APDH se constituyó en 1975 con el objetivo de poner límites a la ofensiva de las bandas parapoliciales organizadas por el oficialismo de entonces. Religiosos, políticos, hombres de la cultura, se sumaron a este emprendimiento loable. Cuando en marzo de 1976 se produjo el Golpe de Estado, la labor de la APDH se acrecentó. Sus políticos siempre se distinguieron por su prudencia, una línea de conducta que respondía a su carácter amplio y pluralista.
Cuando en la década del noventa se expulsó al entonces presidente de la Nación, Carlos Menem, por la aprobación de la ley de indulto a los represores, hubo diferentes reacciones porque se consideraba que un presidente de la Nación, en nombre de la ética de la responsabilidad, podía tomar este tipo de medidas sin ser por ello considerado un enemigo de los derechos humanos.
Por último, habría que agregar que si la expulsión de Menem resultó controvertida, mucho más lo es la de Elisa Carrió, en tanto el indulto fue una medida mucho más chocante a las instituciones de derechos humanos, que el debate abierto acerca de la extracción compulsiva de ADN, sobre todo cuando existen certezas de que esa iniciativa cuenta con el aval del gobierno nacional, todavía movilizado para perjudicar al Grupo Clarín, en este caso, en la figura de la señora Ernestina Herrera de Noble.
Los funcionarios de la APDH se jactan de que la decisión contó con el voto unánime de los directivos. Atendiendo el desarrollo de los hechos, esa unanimidad es también sospechosa a los ojos de cualquier observador imparcial. Llama la atención que en una institución que alguna vez fue pluralista todos hayan coincidido, sobre todo cuando se sabe que el tema es controvertido y da lugar a diferentes lecturas políticas y jurídicas.
Considerar que una de las principales dirigentes de la oposición defiende valores “absolutamente incompatibles con los derechos humanos”, es en el mejor de los casos una torpeza y una mentira, y es doblemente lamentable porque quien se presta para producir estas acciones, es una institución que debería ser un modelo de tolerancia, apertura y, sobre todas las cosas, de independencia del poder oficial.
