ARZOBISPO ASESINADO EN 1980

El Salvador reconoce su responsabilidad en la muerte de Oscar Romero

EFE

El Salvador dio un giro de 180 grados a su política de las últimas dos décadas al reconocer públicamente su responsabilidad en el caso del arzobispo Òscar Arnulfo Romero, asesinado en 1980 por los escuadrones de la muerte.

En una audiencia de seguimiento del caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Gobierno del presidente Mauricio Funes afirmó que reconoce “plenamente” la autoridad del organismo y el carácter vinculante de sus recomendaciones emitidas en su informe de fondo de 2000.

La Comisión recomendó al Gobierno salvadoreño que realice de manera expedita una investigación judicial completa, imparcial y efectiva sobre el caso, con el fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales, sin perjuicio de la Ley de Amnistía decretada.

También ordenó al Estado que repare todas las consecuencias de las violaciones cometidas, incluyendo el pago de una justa indemnización, y que adecúe su legislación interna a la Convención Americana para dejar sin efecto la Ley de Amnistía General. En este sentido, el director general de Derechos Humanos de la cancillería, David Morales, acompañado por su subdirectora, Tania Camila Rosa, y el embajador de El Salvador ante la OEA, Luis Menéndez-Castro, transmitió a la CIDH el compromiso del Gobierno de Funes “de cumplir de buena fe y en la medida de nuestras posibilidades” las recomendaciones de la Comisión.

En su informe de fondo, la CIDH concluyó que el Estado salvadoreño ha violado el derecho a la vida, a las garantías judiciales y a la tutela judicial efectiva, así como el derecho a conocer la verdad en el caso de monseñor Romero, ejecutado extrajudicialmente cuando oficiaba misa el 24 de marzo de 1980 por agentes del Estado que integraban escuadrones de la muerte.

Crímenes de guerra

La Comisión de la Verdad, que investigó los crímenes de guerra en este país, señaló como autor intelectual del asesinato de Romero al fundador de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA, de derecha), Roberto D’Aubuisson, pero la Ley de Amnistía, aprobada un año después de los Acuerdos de Paz, que pusieron fin a la guerra civil en el país (1980-1992), dejó en la impunidad ese crimen cometido.

Las recomendaciones no fueron cumplidas por las últimas administraciones de ARENA, partido que gobernó el país desde 1989 hasta el pasado 1 de junio, cuando asumió Funes, del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

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A pesar de que pasaron décadas desde el homicidio del religioso, gran parte de la sociedad salvadoreña continúa reclamando por el esclarecimiento del caso.

Foto: Archivo El Litoral