Otra norma polémica

ART: rechazo a un decreto

La norma es de “opinable constitucionalidad”, dijeron las cinco entidades que cuestionan el incremento.

 

De la redacción de El Litoral

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DyN

La industria, el campo, el comercio, los bancos, la Bolsa y la construcción rechazaron el nuevo decreto del gobierno, que estableció un incremento de las indemnizaciones por accidentes de trabajo, en el marco de los reclamos por la sanción de una nueva ley de riesgos laborales.

El decreto, que firmó la semana pasada la presidenta Cristina Fernández, sirvió para que unieran fuerzas la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) y la Asociación de Bancos de Capital Argentino (Adeba) y la Bolsa de Comercio. Por su lado, la Sociedad Rural Argentina (SRA) también expresó su rechazo, al destacar que fueron “excluidos” de las tratativas con el gobierno.

A tono de reproche con las otras entidades, la SRA criticó la disposición de la UIA y la CAC a concurrir al Ministerio de Trabajo, poco antes de que se sancionara el decreto. “Incluso, quienes fueron invitados a discutir las modificaciones no están conformes con los resultados obtenidos”, destacó la entidad.

En un comunicado, las otras cinco entidades consideraron que el decreto presidencial, al cual tildan de “opinable constitucionalidad”, incrementa “los costos laborales, agrava el acuciante y creciente problema de la litigiosidad y pone en riesgo a miles de empresas y sus fuentes de trabajo”.

“Lamentamos que luego de cinco años de negociaciones no se haya arribado a una solución consensuada para resolver un problema clave que hace a la supervivencia de las empresas, principalmente pequeñas y medianas”, señaló la nota.

Los empresarios exhortaron al gobierno “a generar las modificaciones normativas necesarias para fortalecer el sistema de riesgos del trabajo, a fin de proteger efectivamente a los trabajadores, brindar horizontes previsibles a la producción y evitar la artificiosa litigiosidad contra las empresas”.

El fallo

Las empresas recordaron el fallo de la Corte que invalidó por inconstitucional la Ley de Riesgos del Trabajo, que impedía a un trabajador iniciar una demanda por accidente laboral, y dijeron que “el vacío legal” provocó que este año el stock de juicios llegara a 70.000. Empresarios estiman que el monto de juicios en danza alcanza a los 2.300 millones de dólares, y destacan que de ese monto unos 700 millones son costos judiciales.

“Lamentablemente, este decreto no limita, sino que incentiva la proliferación indiscriminada de los reclamos judiciales, al elevar los montos cubiertos por el sistema, y mantener la posibilidad de acumular indebidamente estos beneficios con los que eventualmente se obtengan mediante litigios por la vía civil”, afirmó el comunicado conjunto. Agregó que la norma “incrementa los montos de pago único, modifica la base de cálculo del salario de la prestación, y adicionalmente elimina los topes, estableciendo además “pisos’, todo ello alterando la esencia de la ley y generando un injustificado y sustancial incremento de los costos laborales”. “Esto afecta en forma más gravosa a los accidentes in itinere, sobre los cuales el empleador es injustificadamente responsable de su cobertura”, señaló el comunicado.

Cae la capacidad de pago

La capacidad de pago de la Argentina presentó en septiembre último una caída del 50 por ciento con respecto a igual mes de 2008, según un estudio elaborado por el Centro de Estudios de la Nueva Economía (Cene), de la Universidad de Belgrano. Por ello, los especialistas del centro de estudios expresaron en su informe que “la capacidad de pago de Argentina cae en picada”.

El índice de capacidad de pago de Argentina relevado por el Cene se ubicó en un nivel de 73,24 unidades en septiembre pasado, cifra que dista de los 146,62 puntos que alcanzó en igual mes del año anterior. Así, este indicador -que cuenta con base 100 en junio de 2001- presentó una baja del 10,8 por ciento en relación con agosto pasado y exhibió una merma que ronda el cincuenta por ciento respecto de septiembre de 2008.

El Icpa elaborado por la Universidad de Belgrano se ajusta sobre la base de cuatro indicadores: el resultado fiscal primario medido en dólares, el tipo de cambio real, las reservas del Banco Central y el saldo de la balanza comercial.

Vieja ley

Los empresarios advierten que la medida afectará de forma negativa a las pequeñas y medianas empresas. Como contrapartida, mantienen su postura favorable a la vieja ley ya que quieren que “sólo por excepción” el trabajador pueda recurrir a la ley común, en caso de que el empleador incumpla normas de higiene y seguridad. Además, quieren que si el empleado recurre a la justicia por la vía civil, no pueda esgrimir la ley de riesgos laborales para reclamar una compensación, lo que se conoce como “doble vía” y limitar los efectos de los accidentes in itínere.

/// EL DATO