EDITORIAL

Falta coherencia en la gestión de la red vial nacional

La crisis argentina en el cambio de siglo se llevó consigo, entre otras muchas cosas, el modelo que impuso desde los “80 el Consenso de Washington para la gestión de las rutas nacionales. Aquél esquema se derrumbó porque el sector privado nunca realizó las inversiones comprometidas, con excepción de unos pocos corredores altamente lucrativos que se administraron con eficiencia pero consolidaron el modelo radial capitalino.

Lejos de asumir responsabilidades soberanas -que exigen objetivos funcionales al desarrollo y diseños económicos racionales- la Argentina cambió el discurso político pero no el modelo. Adoptó las nuevas recetas de organismos internacionales, que recomendaron la inversión estatal para el desarrollo de nuevas rutas, manteniendo las cabinas de peaje privadas para solventar la gestión de los corredores existentes.

El supuesto cambio tampoco modificó el abandono al sistema ferroviario, implementado en los “90 y consolidado tras la crisis de 2001, más allá de toda razonabilidad y en evidente contradicción con el discurso oficial. El club del peaje no sólo está favorecido por el ahogo al transporte alternativo más barato, ecológico, económico y social; además cuenta con el complaciente financiamiento oficial a su ineficacia.

Las concesiones cambiaron de manos bajo la promesa de conformación de una nueva burguesía nacional, comprometida con el desarrollo del país. Se financian con aportes del Tesoro más la recaudación de las cabinas del peaje.

Lejos del consenso federal, con la discreción de una suculenta caja, el ministerio de Planificación hizo poco honor a su nombre. Sin enunciar una estrategia específica, fomentó inversiones viales en provincias políticamente bendecidas como Santa Cruz, y relegó infraestructura indispensable allí donde la gente reclama por necesidad y la economía ofrece oportunidad.

No hace falta más que repasar los nombres de muchos de los concesionarios para verificar su cercanía al gobierno nacional de turno; no hace falta más que verificar el estado de las rutas concesionadas para concluir que la promesa no pasó de ser el negocio de un puñado de allegados al poder.

Hoy las concesiones viales están vencidas desde hace más de un año y el gobierno no logra convocar a nuevos oferentes. Los que están, subsisten por sucesivos decretos de la presidenta Cristina Fernández, que extienden los contratos a quienes le deben multas al Estado, obras a los Argentinos y explicaciones a la Justicia.

La Dirección Nacional de Vialidad ha dado muestras de capacidad realizadora y el gobierno ha comenzado a saldar algunas cuentas históricas con la red vial, tal como los santafesinos pueden ver en el caso de la ruta a Paraná. Pero el balance todavía es deficitario, y sólo se puede saldar con una gestión política transparente, que responda a intereses federales, avalados por una bien definida política de Estado.