Los ataques de Moyano a una Argentina ávida de paz y trabajo

Luis Tarullo

DyN

Las sociedades pueden afrontar peripecias diversas -de las cuales las económicas se cuentan entre las más comunes- y hasta sortearlas exitosamente, pero se las pone a andar por riesgosos caminos de cornisa cuando hay desapego, falta de respeto y hasta avasallamiento de las instituciones.

Y eso es lo que parece estar ocurriendo en la Argentina, donde ese pecado se comete en algunos casos de manera sutil y en otros sin ninguna delicadeza y hay actores del mundo laboral que también circulan por esos meandros peligrosos. El líder de los camioneros y titular de la CGT, Hugo Moyano, viene transitando por zonas en las que es premisa moverse con suma moderación para no abrir caminos de difícil retorno en una sociedad ávida de tranquilidad y respuestas tan contundentes como sensatas a sus infinitos problemas.

El ataque de Moyano a la Corte Suprema, aunque luego haya querido minimizarlo con un galimatías semántico, es un claro ejemplo de ese desplazamiento por terrenos escarpados que hay que evitar. Abanderado del sindicalismo que golpea para negociar y del unicato gremial, Moyano lanzó su diatriba contra el máximo tribunal de Justicia argentino sin lugar a dudas molesto porque los ministros de la Corte vienen fallando a favor de la democratización y la pluralidad en la representación de los trabajadores.

Ya hubo una resolución contundente al respecto y se estarían preparando otros fallos en la misma sintonía, por lo que el émulo local de Jimmy Hoffa no dudó en subirse a una tribuna montada por el gremio de los empleados judiciales en las puertas del Palacio de Justicia para emprenderla contra los magistrados que hacen las veces de empleadores de los trabajadores, ya que tienen decisión sobre los haberes y otras cuestiones del sector.

Del lado de los subordinados de Moyano, a diferencia de otras ocasiones hubo un generalizado silencio que suele mantenerse cuando hay un objetivo a dos puntas: no enemistarse con el destinatario del ataque, en este caso la Corte, pero a la vez, por omisión, mantener la gracia de quien lo ejecuta, o sea Moyano.

Lo singular de esta cuestión fue que la respuesta de profundo contenido político provino del decano de la Corte, el ministro Carlos Fayt, quien cargó a Moyano la responsabilidad sobre la situación difícil que atraviesan no pocos trabajadores.

“Preocúpense por Moyano; él aparece como líder de la clase trabajadora, él debe saber el origen de la posibilidad de que los trabajadores estén en este momento en las condiciones en las que están”, le espetó el magistrado.

Luego vino la descarga de decibeles, pero el daño inicial ya está hecho y las palabras lacerantes que lastiman la epidermis de las instituciones -y el pensamiento que encierran- ya no pueden borrarse. No obstante, a Moyano -quien por supuesto tiene para todo el guiño oficial, y otra muestra de ello es su viaje al Vaticano con la presidenta- hay que reconocerle que no se calla lo que piensa o lo que quiere decir, mientras en otros ámbitos hay maneras más sutiles de sostener el statu quo vigente desde hace décadas y con beneficios sectoriales y políticos, pero de una manera igualmente dañosa para la institucionalidad de una Nación.

Porque desoír resoluciones de organismos y tribunales, directamente o apelando a cuestionables y en algunos casos endebles argumentos, tiene, al fin y al cabo, los mismos efectos que la agresión sin anestesia. La falta de reconocimiento a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) o la aversión a la creación de nuevas organizaciones sindicales -sobre todo cuando no son del mismo signo ideológico-, como la de los empleados del subte, son clara muestra de ello. Más aún, esa resistencia abre puertas a situaciones y pactos que pueden macular hasta a quienes enarbolan las intenciones más loables.

Es que en el caso del subte, después de los agitados días de paro y protestas de los trabajadores de ese servicio que reclaman un sindicato propio -escindiéndose de la Unión Tranviarios Automotor (UTA)- surgió un acuerdo en el ámbito del Ministerio de Trabajo que tendría su trasfondo, al margen del acta firmada en las oficinas de esa cartera de Estado.

En ese sentido, fuentes con acceso a buena información dejaron trascender que habría habido una tratativa en la que el gremio que representa a los choferes de colectivos y hasta ahora a los trabajadores del subte habría conseguido algún beneficio a cambio de conceder terreno a los empleados del transporte bajo tierra. Concretamente, la UTA habría accedido a que se deje sin efecto el descuento del uno por ciento sobre los salarios de los trabajadores de subterráneos destinado al sindicato, aunque corre el riesgo de que se le abra un frente interno porque esa deducción seguiría vigente para los conductores de colectivos de corta y media distancia.

Además, de hecho admitió que se comience a recorrer un camino en el que, a largo plazo, esos trabajadores podrían llegar a tener su propia organización. En el acta firmada en el ministerio se dejó constancia -incluso con nombres- de la conformación de una “comisión directiva provisoria” de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro.

En ese marco, se garantizan las fuentes laborales y se les ratifica la facultad de la representación a los delegados, a la luz de la propia ley 23.551 -de Asociaciones Sindicales-, una de las joyas históricas del peronismo.

¿Qué gana la UTA en todo esto?, se preguntará más de uno. Si se concreta el supuesto acuerdo, posiblemente bastante.

Aparentemente, según esos voceros, el gobierno habría prometido un desembolso importante de fondos para la obra social del gremio -y cuando se dice importante en esta materia se está hablando siempre de varios millones- y la cesión de un edificio para una escuela de capacitación.

Los días por venir dirán si esas presuntas promesas tienen correlato en hechos concretos, pero al menos hay que darles crédito, debido a las concesiones hechas para con el sector del subte.

Como se ve, estos y muchos episodios más ya no son extraños en la vida argentina. Pero justamente en esa habitualidad reside el gran problema, ya que al final entrañan, como otras acciones también percibidas en otros ámbitos, una de las consecuencias menos deseada para una sociedad, cual es la paulatina pero constante e implacable socavación de las instituciones.

El ataque de Moyano a la Corte Suprema es un claro ejemplo de ese desplazamiento por terrenos escarpados que hay que evitar.

Foto: DyN