Editorial

Renovado desafío para la seguridad

De manera recurrente, la problemática vinculada con la seguridad pública vuelve a ser puesta sobre el tapete, bajo el impulso de casos resonantes, oleadas delictivas, discusiones políticas o escándalos que comprometen a la institución policial o a funcionarios del área.

Por esto, aunque polémico, no resulta desatinado hablar de que, en determinados momentos, se incrementa la “sensación de inseguridad”. Lo que sí resultaría necio e irresponsable es creer que en ese factor está circunscripto el problema. Porque tan innegable como esa reiterada inquietud subjetiva, es la base objetiva que contribuye a darle sustento: la estadística indica un sostenido crecimiento del delito en el país -se triplicó en las últimas dos décadas- y ubica a Santa Fe entre los conglomerados urbanos más violentos.

El abordaje de este crónico flagelo desata otra confrontación, en buena medida alimentada por concepciones ideológicas además del análisis “de campo”. El discurso mejor conceptuado en este plano alude a la necesidad de educar y contener a todos los miembros de la comunidad como única manera de arribar a una sociedad segura, y postula el no siempre bien aceptado garantismo como única manera de preservar los principios democráticos. Se le oponen planteos que reclaman soluciones concretas y a menor plazo, con propuestas que van desde la saturación policial a sugerencias que, generalmente con eufemismos, apuntan a instaurar la “mano dura”.

En el extremo de la inacción y el exceso, existe un cauce aceptable de acción, que no siempre las autoridades consiguen establecer, o cuyos potenciales resultados no logran atravesar el miedo instalado en la vida cotidiana y la contundencia de los números.

Desde hace dos años, la provincia otorgó a la Seguridad el rango de ministerio, propició una fuerte conducción política para regir la acción policial, apostó al estudio científico para cuantificar y cualificar la masa de actos delictivos y abrazó la idea de trabajar sobre las bases de la cuestión social para apuntar a una solución de fondo. Tropezó con los permanentes y justificados reclamos de los vecinos, y con dificultades para hallar el perfil adecuado de funcionarios capaces de asumir un desafío de tantas y tan complejas aristas.

El designado secretario de Seguridad proviene del sector político y, en sus primeras declaraciones, ratificó la visión de fondo, pero reforzó la idea de superar la instancia de diagnóstico y pasar a la acción, incluso “explicando” afirmaciones del gobernador o modificando criterios acerca de la presencia policial en las calles. Aunque la pretensión de cambios inmediatos puede ser tan ilusoria como peligrosa, la necesidad de desarrollar políticas coherentes y demostrar eficacia será un imperativo cada vez más acuciante, en un marco de escasez de recursos y preocupante incremento de la desigualdad social. Un contexto en el que tanto la vacilación como el repentismo pueden ser demasiado riesgosos, y que no admite margen para la improvisación.