Panorama político

En busca de la clase media

Cristina Fernández cierra el año de gestión con apenas el 25 por ciento de popularidad. La inseguridad es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. Temor de que se reediten a fin de año los saqueos de otras épocas.

Horacio Serafini

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Primero Néstor Kirchner y después Aníbal Fernández dieron señales estos días de que el gobierno tomó nota de problemas sin cuya solución no puede imaginarse con chances de validar títulos en 2011. Las afirmaciones del ex presidente y del jefe de Gabinete enfilaron hacia una reconciliación con la clase media, sector estratégico en su proyecto de continuidad. Sobre todo porque esa relación, casi idílica en 2003, comenzó a deteriorarse con Cristina Fernández, hasta llegar hoy a su peor momento, como quedó demostrado en las legislativas de junio cuando siete de cada diez argentinos votaron oposición.

La última encuesta anual de Latinbarómetro a nivel subcontinental es elocuente al respecto. Néstor Kirchner gozó durante el cuatrienio 2003-2006 del más alto índice de popularidad entre todos los presidentes de la región, siempre superior al 70 por ciento. Pero esa popularidad cayó al más bajo con Cristina, que de un 52 inicial cierra 2009 con apenas el 25 por ciento.

A la cabeza de las preocupaciones del conjunto de la sociedad, la inseguridad dejó de ser “sensación” para empezar a tener un lugar en la agenda gubernamental. El primer paso lo dio el jefe de los diputados oficialistas, Agustín Rossi, con un sinceramiento inhabitual en la dirigencia política argentina: “No tenemos que avergonzarnos. El problema de la seguridad hay que abordarlo en toda su dimensión. Se necesita que el poder político conduzca con firmeza a las fuerzas de seguridad”, dijo Rossi, palabras más, palabras menos. Detrás, Kirchner convalidó ese enfoque: “Decisiones políticas muy fuertes”, reclamó para la provincia de Buenos Aires..

Inseguros

La inseguridad en el primer distrito del país adquirió dimensiones inéditas, que refrescaron a “la maldita policía” de la década pasada. Una secuencia de hechos delictivos de una inusitada violencia en el Gran Buenos Aires y una negligencia a todas luces en el caso de la familia Pomar, terminaron por decidir al ministro de Seguridad, Carlos Stornelli, a denunciar judicialmente una presunta connivencia de jefes policiales que reclutan menores para agitar la ola delictiva.

También el problema tiene una dimensión política. Cree el gobierno nacional que esta particular ola delictiva tiene vasos comunicantes con el pedido de “descabezamiento” que hizo el dirigente agropecuario Luis Biolcati y con la radicalización de la protesta de las agrupaciones piqueteras no gubernamentales, con el propósito de desestabilizar al gobierno de Daniel Scioli, el principal aliado, aunque sea “por conveniencia”, como él mismo lo admitió, de la Casa Rosada. La atención gubernamental, según esa sospecha, está puesta en los últimos días del año: sobrevuela el fantasma de que podrían reeditarse saqueos como los que signaron los finales de Raúl Alfonsín y de Fernando de la Rúa; aunque hoy las condiciones económicas y sociales, sin ser óptimas, distan de las de entonces, y el aparato justicialista granbonaerense está, dentro de todo, bajo control gubernamental.

Clase media

También Aníbal Fernández apuntó a recomponer la relación con la clase media, sobre todo porteña. A propósito de la protesta piquetera que durante dos días cortó la 9 de Julio en reclamo de participación en planes sociales que administran cooperativas cercanas a los intendentes del Gran Buenos Aires, prometió “poner las cosas en caja”. Cuál será la forma de hacerlo, es una incógnita: desde 2003 el gobierno evitó judicializar la protesta social.

Son señales, en definitiva, en busca de reconciliarse con la clase media. Pero para el otro problema, la inflación, no hay indicio de solución a la vista. La incipiente recuperación económica post crisis internacional que comienza a percibirse choca contra el aumento de los precios, que cerraría el año en 15 por ciento, el doble de lo que reconoce el Indec.

Políticamente sustentado en su alianza con los intendentes granbonaerense y el líder de la CGT, Hugo Moyano, que estos días hizo una masiva demostración de fuerza progobierno, pero también personal, el matrimonio Kirchner confía en contar en 2010 con los recursos suficientes para mantener atados a los gobiernos provinciales. Kirchner descartó que algunas provincias tengan que emitir bonos porque en 2010 “habrá crecimiento”. Pero esa seguridad se basa en la posibilidad de endeudamiento externo que espera le abra la garantía de pago con parte de las reservas del Banco Central. Si esos recursos llegarán a las provincias a cuentagotas, como sucede con Córdoba o con Buenos Aires, será porque así se garantizará la sujeción de esos gobernadores hasta la hora de la definición del candidato 2011.